La Guardia Civil ha informado al Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cambió su teléfono móvil una semana después de que se iniciara una investigación en su contra por revelación de secretos. Este hecho ha levantado una nube de sospechas sobre la transparencia y la ética de su gestión.

El juez Ángel Hurtado había solicitado información sobre las tarjetas telefónicas incautadas a García Ortiz durante un registro en su despacho el pasado 30 de octubre, lo que coincide con un período crítico para las revelaciones mediáticas que rodean a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

De acuerdo con la Unidad Central Operativa (UCO), un informe reveló que el fiscal general no tenía mensajes de mensajería instantánea relevantes en su teléfono durante las fechas cruciales de la investigación, del 8 al 14 de marzo de 2024. Sin embargo, un nuevo oficio de la UCO indica que el cambio de terminal se realizó el 23 de octubre, justo cuando la investigación comenzaba a tomar forma.

El IMEI, un código único de 15 cifras que identifica cada teléfono móvil, y el IMSI, que identifica cada tarjeta, fueron también solicitados por el magistrado. La UCO confirmó que solo se incautó un terminal del fiscal (un Samsung Galaxy A54) que contenía sus dos tarjetas: una a su nombre y otra a nombre de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, vinculada a Hacienda.

La preocupación aumenta cuando se revela que el número personal del fiscal fue utilizado para mensajes cruciales con la fiscal jefe de Madrid el 13 de marzo, en las horas previas a una filtración de información sensible. La UCO encontró mensajes en el teléfono de la fiscal jefe que habían sido borrados del dispositivo de García Ortiz.

Fuentes de la Fiscalía han afirmado que el fiscal eliminó estos mensajes por motivos de seguridad, siguiendo una directriz de 2019 sobre protección de datos. No obstante, hay quienes cuestionan esta versión, señalando que la fiscal jefe no había tomado la misma acción, aumentando así la sospecha sobre la integridad del fiscal general.

Este escándalo ha generado un gran revuelo en la opinión pública, y muchos se preguntan si este movimiento no es más que un intento de encubrir pruebas cruciales. La situación ha puesto en el centro del debate la ética dentro de los altos funcionarios de justicia y ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de las instituciones frente a presiones externas. ¿Qué pasos tomará el Tribunal Supremo en esta turbadora saga que continúa desarrollándose? Estaremos atentos a las próximas novedades.