La reciente declaración de Julián Salto ha arrojado nuevas luces sobre la filtración que distintos medios, incluida la Cadena SER, han hecho respecto al caso que involucra al novio de Isabel Díaz Ayuso. Según Salto, el infame correo que contiene la confusión de Alberto González Amador no solo llegó a la Fiscalía el 2 de febrero, sino que también fue enviado a la Abogacía del Estado, lo que agrega una capa de intriga a este escándalo de alta relevancia política.

La Fiscalía ha confirmado que el mensaje fue recibido en una cuenta que es accesible para más de 400 personas, lo que ha levantado sospechas sobre la posibilidad de que se produjeran filtraciones intencionadas. Alguien reenviará este correo a Salto, quien estaba encargado del caso, y una tercera persona lo imprimiría, dejando una copia en su despacho compartido con otros fiscales. ¿Qué más se está ocultando tras esta red de corrupción?

Además, las conversaciones reveladoras entre Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y un contacto conocido como 'Alberto Quirón' han sido vistas como evidencia de que se intentó manipular la verdad ante el juez. Todo esto pone en jaque la credibilidad del entorno de la presidenta madrileña.

Tres periodistas han testificado ante el juez Ángel Hurtado, asegurando que recibieron la información antes que el Fiscal General. Esto plantea una serie de preguntas sobre cómo fluyó la información y si hubo un intento deliberado de desestabilizar la investigación. Un periodista de El Mundo, que tuvo acceso a la información, reveló que contactó a Rodríguez, quien es amigo suyo, creando un nexo directo entre la prensa, la política y la justicia.

Con este telón de fondo, la Abogacía del Estado ha solicitado el volcado del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, similar a lo que se hizo con Juan Lobato, exjefe del partido socialista en Madrid. Sin embargo, el juez ha desestimado la solicitud. Esto deja en claro que hay mucho más en juego en esta historia que apenas está comenzando a salir a la luz. ¿Qué secretos podrían emerger si se revisaran esos datos?

Este caso no solo pone en entredicho la figura de Ayuso y su gobierno, sino que también plantea serias dudas sobre la integridad del sistema judicial y los medios de comunicación españoles. La presión sobre las instituciones continúa creciendo. Los ciudadanos exigen respuestas. ¿Estaremos ante el inicio de un escándalo sin precedentes en la política española?