La Fiscalía de Medio Ambiente ha lanzado una bomba al solicitar al juez que, en el caso de los nueve pozos ilegales pertenecientes a la Casa de Alba en una finca de Sevilla, se impute a tres hermanos del actual duque: Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo. Estos tres personajes figuran como miembros del consejo de administración de Eurotécnica Agraria, la empresa que gestiona estas tierras y se ha visto envuelta en este escándalo. Hasta ahora, solo su sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, ha tenido que presentarse ante el juez como investigado.

El caso tiene implicaciones serias, ya que Eugenia Martínez de Irujo fue uno de los primeros nombres mencionados en este asunto, por la utilización de nueve pozos sin licencia en la finca Aljóbair, justo a la entrada del Paraje Natural de Doñana, en el municipio de Aznalcázar. Aunque se intentó desvincular a la duquesa de Montoro de esta situación argumentando que no participa en la gestión diaria de la hacienda, el problema persiste para los demás miembros de la familia.

La Fiscalía ha insistido en la necesidad de investigar a la persona jurídica Eurotécnica Agraria, y ha solicitado una prórroga de seis meses para continuar la instrucción. Esta petición está motivada por la existencia de “indicios suficientes” que apuntan a posibles delitos ambientales, dado el daño que las extracciones de agua sin permiso han causado a la región. De acuerdo a la Fiscalía, la extracción sistemática y masiva de agua durante años ha provocado un “grave perjuicio para el medio natural” de la zona.

Además, se ha requerido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que proporcione detalles sobre las sanciones impuestas a Eurotécnica Agraria. Este organismo estatal está elaborando un estudio para evaluar el impacto ambiental de los pozos ilegales en el acuífero Aljarafe Sur, analizando su conexión con el ecosistema de Doñana.

La Guardia Civil ya aportó un informe que estima el daño ambiental en hasta seis millones de euros, afirmando que las extracciones ilegales podrían haber afectado el entorno de manera irreparable. Este análisis revela que, durante una década, se habrían extraído alrededor de 6.600 millones de litros de agua, lo cual es alarmante y pone de manifiesto una situación crítica.

El magistrado ha indicado que este escándalo podría tener un “impacto colateral en Doñana”. Con la presión social y la atención mediática que ha generado este caso, el futuro de la Casa de Alba podría estar en juego, abriendo un debate importante sobre la conservación del medio ambiente en esta región tan emblemática.