En un giro impactante de los acontecimientos, las españolas Yolanda Martínez y Luna Fernández, esposas de yihadistas repatriadas de Siria en enero de 2023, están actualmente en conversaciones con la Fiscalía de la Audiencia Nacional para llegar a un pacto de conformidad. Según diversas fuentes jurídicas, este acuerdo podría resultar en una significativa reducción de las penas que el ministerio público está buscando para ellas, que se prevé sean seis años de prisión en el juicio futuro.

Las negociaciones son parte de un proceso habitual en casos relacionados con yihadismo en España. A pesar de que la fecha del juicio aún no ha sido fijada, la posibilidad de un pacto permite que ambas mujeres reconozcan los cargos que se les imputan, lo que podría facilitar un desenlace menos severo para ellas.

Yolanda y Luna, quienes llegaron a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) junto con 13 niños, quedaron en libertad recientemente tras casi 21 meses de prisión provisional. La decisión de excarcelarlas se tomó al considerarse que sus circunstancias han cambiado y no representan un riesgo de fuga, aunque esta acción fue cuestionada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que se ha personado como acusación popular.

En el documento de acusación, la Fiscalía señala que ambas mujeres son parte de una organización terrorista y enfatiza que se unieron voluntariamente en 2014 a la zona de conflicto en Siria e Irak para integrarse en el Estado Islámico. La Fiscalía alega que la actividad de Martínez y Fernández en pro del ISIS comenzó antes de su traslado a Siria, e incluso destacan su papel destacado dentro de las esposas de los miembros de la Brigada Al Ándalus, un grupo yihadista desmantelado en el mismo año en que ellas llegaron al país.

El fiscal Carlos Bautista detalló que, mientras una de ellas apoyaba a su esposo en su rol dentro de un tribunal yihadista, la otra lo hacía en su función como combatiente. Este vínculo y compromiso con el grupo es lo que las coloca en la mira de la justicia.

En entrevistas previas, ambas mujeres defendieron su fe islámica y manifestaron tener fricciones con las leyes de los países occidentales, sugiriendo que la ley islámica debía predominar. La Fiscalía ha tomado estas declaraciones como un indicativo de su radicalización y peligrosa ideología.

Las defendencias de las acusadas argumentan que no hay evidencias sólidas que respalden las acusaciones en su contra. Sin embargo, para alejar el riesgo de largas condenas, el acercamiento a la Fiscalía para lograr un acuerdo podría ser una estrategia clave. La lucha legal por su futuro sigue siendo intensa mientras el país permanece alerta ante las implicaciones de estos casos en la seguridad nacional.