El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, se ha adentrado en un laberinto de intrigas al investigar el caso de fraude fiscal que involucra a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Su interés radica en desentrañar con quién se comunicó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre el 8 y el 14 de marzo, días cruciales en este escándalo.

El magistrado ha solicitado a las operadoras telefónicas que entreguen los registros de tráfico de llamadas y mensajes de WhatsApp de esos días, al mismo tiempo que indaga sobre la posibilidad de recuperar mensajes que el fiscal borró tras cambiar de teléfono una semana después de que se iniciara la investigación en su contra.

La razón detrás de esta búsqueda? En esos mismos días, el abogado de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, se atrevió a confesar un fraude fiscal de 350.000 euros y proponía un pacto para evitar la cárcel, lo que causó un revuelo mediático sin precedentes.

Luego de la apertura de la causa, el juez decidió poner a investigar de manera exhaustiva, incluyendo un registro en la oficina del fiscal general y del abogado.

Sin embargo, la unidad de elite de la Guardia Civil, la UCO, no encontró ningún mensaje relevante en los teléfonos del fiscal general, con apenas un puñado de correos, de los cuales solo uno tenía alguna alusión al caso de González Amador. Este hecho ha levantado muchas sospechas, especialmente porque el cambio de teléfono del fiscal se produjo justo antes de que la UCO realizara su registro, un acto que la Fiscalía ha tratado de defender como parte de un procedimiento normal de protección de datos.

Lo más inquietante de todo esto es que el juez ha reactivado múltiples diligencias para reconstruir lo que fue un aparente intento de ocultar pruebas. Además de requerir datos de tráfico de varias operadoras, la UCO ha sido instada nuevamente a explorar la posibilidad de recuperar aquellos mensajes que no fueron localizados en la primera investigación.

Lo curioso es que el juez se está basando en una sentencia de 2018 del mismo Tribunal Supremo, que abordó un caso relacionado con una red de narcotraficantes en Cataluña, lo que podría agregar una capa de complejidad legal al proceso.

El futuro de este caso es incierto. Sin embargo, lo que es seguro es que las próximas semanas serán testigos de revelaciones que podrían sacudir los cimientos de la política española y destapar una red de corrupción aún más amplia. ¿Qué otros secretos se ocultan detrás de los muros del poder? Mantente alerta, ya que esto es solo el comienzo de un explosivo desarrollo que promete más sorpresas!