El Tribunal Supremo ha dado inicio a una bomba legal: la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debido a la filtración de información reservada sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Este caso ha generado una enorme controversia en la política española, poniendo a la luz las serias preocupaciones sobre la privacidad y el manejo de datos sensibles en las instituciones del Estado.

Este miércoles, el magistrado de la Sala Penal, Ángel Hurtado, ha emitido un auto donde se le concede un plazo de cinco días a García Ortiz para que designe un abogado y un procurador que se encarguen de su defensa. Es crucial que se garantice su derecho a un juicio justo, conforme a lo establecido en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que asegura que cualquier persona acusada de un delito tiene derecho a defensa desde el momento en que se le comunica su situación.

Cabe destacar que la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también implicada en este escándalo, está siendo representada por la Abogacía del Estado. Sin embargo, hasta el momento no se ha designado a un representante para Álvaro García Ortiz, razón por la cual se le ordena proceder con la designación de su defensa para evitar cualquier tipo de indefensión.

Fuentes de la Fiscalía General consultadas afirman que es probable que la defensa de García Ortiz también sea asumida por la Abogacía del Estado, lo que ha generado más preguntas sobre la imparcialidad en este proceso.

Además, el auto del magistrado da un plazo de cinco días a las acusaciones populares involucradas, que incluyen a la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), para que se pronuncien sobre su posible agrupación en este caso.

Por otro lado, el mismo instructo ha decidido dejar pendiente de pronunciamiento una serie de diligencias solicitadas por Alberto González Amador, quien representa a la acusación particular, así como la solicitud de suspensión cautelar de funciones del fiscal general, presentada por el sindicato Manos Limpias. Este caso no solo resalta la fragilidad de las instituciones, sino que promete tener importantes repercusiones en el futuro político de España. ¡Estaremos atentos a los próximos desarrollos!