La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha encendido la polémica al publicar una consulta pública que sugiere una subida de precios que podría alcanzar el 20% para las empresas que acceden a las infraestructuras físicas de Telefónica, incluyendo conductos, cámaras de registro, arquetas y postes. Esta medida afectaría tanto a las tasas recurrentes, que son pagos periódicos, como a los accesos iniciales que las empresas deben abonar para utilizar dicha infraestructura.

Constatando la gravedad de la situación, la CNMC ha propuesto un aumento medio del 20% en las tarifas recurrentes, argumentando que este cambio es necesario debido a factores como el coste de capital (WACC) y la depreciación de las infraestructuras, en conformidad con la Recomendación de la Comisión Europea sobre la promoción de la conectividad de Gigabit.

Además, se contempla un incremento del 11% en los precios no recurrentes, tales como las cuotas de alta, las cuales no se habían ajustado desde 2021. Este aumento responde a la necesidad de compensar el incremento del coste de la mano de obra, lo cual podría impactar notablemente en la rentabilidad de las empresas operadoras.

La propuesta ahora se encuentra en un periodo de consulta pública de un mes, durante el cual se espera la reacción de diversas partes interesadas, incluyendo operadores de comunicaciones eléctricas y asociaciones del sector. Toda esta revuelo ha despertado el interés de los analistas del sector, quienes advierten que este aumento podría resultar en un encarecimiento de los servicios de telecomunicaciones para los consumidores finales.

Desde 2008, los operadores de telecomunicaciones han tenido la posibilidad de utilizar la infraestructura física de Telefónica para implementar sus propias redes, un aspecto vital para garantizar la competencia en el sector. Las condiciones bajo las cuales se realiza este acceso están organizadas en la oferta MARCo, que establece el marco regulatorio y los precios aplicables a las empresas.

La CNMC recalca que este acceso a los conductos es crucial para el despliegue de redes de nueva generación en España y es una de las obligaciones impuestas a Telefónica. Sin embargo, tras el reciente retorno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la accionariado de Telefónica, surgen interrogantes sobre si este aumento de precios beneficiará realmente la competitividad del sector o simplemente posicionará a la operadora en una ventaja desleal.

Las repercusiones de esta propuesta podrían reconfigurar todo el mercado de telecomunicaciones en España, así que ¡mantente atento a los próximos desarrollos en esta historia que podría cambiar las reglas del juego!