El partido Sumar ha presentado una propuesta legislativa para establecer límites a las indemnizaciones de los directivos en respuesta al asombroso anuncio de que el ex-presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, recibirá una indemnización de 45 millones de euros tras su salida. Ernest Urtasun, portavoz del partido y actual ministro de Cultura, ha calificado este hecho como "vergonzoso" y "escandaloso", y ha instado al nuevo liderazgo de la empresa a priorizar el acceso a servicios esenciales como Internet, haciendo un llamado a transformar a Telefónica en un servicio de calidad, público y accesible para todos los ciudadanos.

Urtasun ha hecho hincapié en que, en la era de empresas como Tesla, la soberanía tecnológica del país es crucial y que es momento de recuperar la participación pública en empresas estratégicas como Telefónica. Sin embargo, el ministro no ha especificado cómo se implementarán estas limitaciones legales, y ha admitido que el socio minoritario del Gobierno no participó en la elección del nuevo presidente. Además, ha recordado que bajo la gestión de Álvarez-Pallete, se destruyeron cerca de 5,000 empleos y se aplicaron incrementos de precios en servicios vitales.

Desde la Vicepresidencia del Gobierno, se ha precisado que la participación pública en Telefónica, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), debe servir para reorientar la compañía hacia un modelo que garantice la accesibilidad a las telecomunicaciones y brinde mayor seguridad a los usuarios. La prioridad, afirman, debe ser asegurar el acceso universal a servicios de telecomunicaciones, especialmente en áreas menos pobladas.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha comentado que la reciente sustitución de Álvarez-Pallete por Marc Murtra al frente de Telefónica se debe a la necesidad de iniciar una nueva etapa, subrayando que el sector de telecomunicaciones es fundamental para el desarrollo de tecnologías críticas, como la ciberseguridad y la inteligencia artificial.

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, ha expresado su deseo de que Telefónica siga siendo una "gran compañía", aunque ha eludido comentar sobre decisiones corporativas que competen a los accionistas. En este contexto, la patronal de empresarios ha destacado que la participación estatal en Telefónica representa a todos los españoles y ha solicitado que las decisiones de gobernanza sean puramente empresariales.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el nombramiento de Murtra como una señal de que el Gobierno "va a por las empresas privadas" y ha criticado los métodos utilizados para llegar a esta decisión. A su vez, Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, ha calificado el cambio de presidencia como "una aberración" y ha cuestionado la rapidez con la que se ha hecho el nombramiento.

El debate sobre la gobernanza de grandes empresas y la influencia del Estado en ellas se intensifica, y el futuro de Telefónica se presenta como un tema crítico tanto para los ciudadanos como para el sector empresarial.

¿Será suficiente la nueva legislación para evitar indemnizaciones escandalosas en el futuro? ¿Qué implicaciones tendrá esto en la gestión de empresas estratégicas en España? La discusión está servida.