Un fallo impactante del Juzgado Social 2 de Tarragona ha condenado a dos empresas vinculadas a indemnizar con más de un millón de euros a la familia de un trabajador que se suicidó. La sentencia revela que estas compañías no contaban con ninguna evaluación de riesgos psicosociales, lo que se suma a la crítica de que la víctima presentaba múltiples signos de estrés y angustia, hechos de dominio público en la empresa, lo que generó preocupación entre sus compañeros.

Este trágico suceso, que ocurrió en marzo de 2022, ya había sido objeto de otra sentencia anterior que consideró el suicidio como un accidente laboral. En esta ocasión, se argumentó que el lamentable hecho era consecuencia directa de la ansiedad y angustia provocadas por un contexto laboral difícil, exacerbado por la pandemia y por la situación judicial que la empresa atravesaba.

La nueva resolución enfatiza que las empresas no llevaron a cabo medidas de prevención necesarias para intentar evitar el suicidio, y llama la atención sobre la falta de vigilancia de la salud del trabajador, lo que se traduce en un incumplimiento grave de sus obligaciones legales.

La jueza encargada del caso hizo hincapié en que la gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo es un deber legal fundamental, y que el estado de la víctima era conocido por todos los trabajadores, lo que pudo haber llevado a una intervención que salvase su vida.

Esta tragedia resalta una alarmante tendencia creciente: los casos de ansiedad, estrés y depresión en el ámbito laboral están en aumento. Pilar Casas, abogada del Colectivo Ronda, señala que la falta de políticas en muchas empresas para afrontar este problemático panorama es una cuestión que debe abordarse con urgencia. "El deber de cuidar la salud física y psíquica de los empleados es ineludible", advierte, mientras que los datos de siniestralidad laboral evidencian una alarmante desatención a estas responsabilidades.

Aunque la presión por reducir costes es cada vez más frecuente en el mundo empresarial, este caso pone de relieve la gravedad de priorizar ganancias sobre el bienestar de los trabajadores. La abogada Casas hizo hincapié en que, a pesar de que la empresa estaba al tanto de la situación delicada del trabajador, no se realizaron las inversiones necesarias para prevenir problemas medioambientales que eventualmente afectarían también la salud mental del empleado, quien se enfrentaba a serias acusaciones en su ámbito profesional.

Este fenómeno no solo afecta al ámbito privado de los empleados, sino que resuena en el tejido social. La falta de intervención y prevención en salud laboral puede tener repercusiones duraderas, no solo para las empresas, sino para la sociedad en general, que observa con preocupación el creciente número de tragedias laborales como esta. ¿Cuánto más tendrán que pagar las empresas para entender la importancia de cuidar a sus trabajadores? La justicia ha hablado, pero el camino hacia el bienestar laboral aún tiene un largo trayecto por recorrer.