El Ministerio de Consumo ha intensificado su lucha contra las infracciones que afectan a los derechos de los consumidores en el ámbito de la vivienda. Este miércoles, se ha notificado a una importante plataforma de alquiler turístico sobre la apertura de un expediente sancionador debido a su negativa a eliminar anuncios de pisos que operan sin licencia. Esta acción se clasifica como una infracción grave, con multas que pueden llegar hasta los 100.000 euros o hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido por la práctica indebida.

La apertura de este expediente es parte de una investigación más amplia que comenzó en junio, cuando el Ministerio reveló que un número alarmante de viviendas turísticas estaban funcionando sin la debida licencia en varias comunidades autónomas y ciudades a lo largo del país. Si bien el nombre de la empresa no puede ser revelado hasta que el procedimiento concluya, los efectos de esta situación son palpables. El ministro Bustinduy ha afirmado en su cuenta de X que "ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, debe estar por encima de la ley, especialmente en el mercado de la vivienda".

La publicidad de estas propiedades ha continuado de manera paralela a las advertencias del Ministerio. La mayor plataforma global de alquiler turístico, Airbnb, emitió un comunicado señalando que "siempre solicita a los anfitriones que verifiquen que cumplen con las leyes locales y tienen los permisos necesarios". Sin embargo, este argumento de ser meras intermediarias ha sido puesto en tela de juicio, especialmente después de la negativa de la empresa a eliminar los anuncios de pisos ilegales.

El auge de los alquileres turísticos ilegales ha agudizado la crisis en los precios de la vivienda, impactando especialmente a las grandes ciudades y zonas turísticas. En Madrid, se registraron 12.410 viviendas ilegales en abril de 2024, con el Ayuntamiento impidiendo sanciones apenas a un 1,4% de las infracciones descubiertas. La situación es igualmente crítica en Barcelona, donde un estudio reciente revela que más de la mitad de los alojamientos en Airbnb carecen de licencias válidas.

Adicionalmente, las autoridades locales, como en Valencia, están intensificando sus esfuerzos. En el primer semestre de 2024, se realizaron 266 inspecciones, resultando en 449 actas policiales y 278 órdenes de cese. Según la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia, hay al menos 4.500 apartamentos turísticos ilegales operando en la ciudad.

Aunque las autoridades locales tienen la capacidad de sancionar a las viviendas que infringen la normativa, el Ministerio de Consumo también tiene el poder de actuar contra las empresas que facilitan estas prácticas ilícitas. La apertura de un expediente sancionador es solo el principio; el periodo de instrucción determinará si se deben imponer sanciones definitivas. En caso afirmativo, la Dirección General de Consumo propondrá elevar la sanción a la Secretaría General, que será quien decida la acción final. Tras la resolución, las empresas todavía pueden recurrir la decisión, dejando un margen para el debate sobre la regulación del alquiler turístico en el país.

La feroz batalla por el control del mercado de alquileres turísticos no ha hecho más que comenzar, y las consecuencias son de gran repercusión para millones de consumidores en España. ¿Hasta dónde llegarán las autoridades para regular esta situación desbordante? ¡Sigue atento!