La reforma española está en pleno trámite parlamentario y la presión de la Unión Europea se intensifica. En 2022, el Gobierno español introdujo un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, destinado a gravar a las grandes corporaciones. Sin embargo, la directiva comunitaria va más allá, exigiendo que se aplique este impuesto sobre el resultado neto contable ajustado de aquellas empresas con un volumen de negocio anual que supere los 750 millones de euros.

En junio de este año, el Consejo de Ministros aprobó una ley para alinearse con esta normativa, pero aún queda un largo camino por recorrer en el proceso legislativo antes de que se convierta en ley formal. Esto permitirá que el nuevo régimen impositivo se aplique de manera retroactiva al ejercicio fiscal de 2022, cuando ya estaba en vigor el impuesto mínimo del 15%.

Bruselas ha subrayado que casi todos los Estados miembros de la UE han cumplido con estas obligaciones fiscales, y ya había enviado un primer aviso en mayo a los países ahora denunciados, incluyendo a España.

A pesar de los esfuerzos españoles para resolver esta discrepancia, la Comisión Europea ha decidido llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de no cumplir con la normativa en el plazo estipulado. Este paso representa la fase más avanzada de los procedimientos de infracción y pone en la mira a España en un momento en que la presión por evitar la erosión de la base imponible se encuentra en su punto más alto.

Bruselas sostiene que el acuerdo de la OCDE es crucial para frenar la competencia desleal entre países y garantizar que las multinacionales contribuyan de manera justa a la economía de los países donde operan. Se espera que la resolución de este caso pueda sentar un precedente importante en la manera en que se aplican las reformas fiscales a nivel europeo. Los ciudadanos españoles miran con incertidumbre, pues la inacción podría traer consecuencias financieras significativas.