En un giro impactante de los acontecimientos, la jueza Rosa María García Jover del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha citado a Demetrio González, director económico de la Central Provincial de Compras del Servicio Andaluz de Salud (SAS), para declarar como investigado el próximo 28 de abril. Este llamado surge en el marco de una investigación sobre posibles delitos de malversación en la fraccionamiento de contratos por un monto total de 235 millones de euros, adjudicados a dedo a clínicas privadas en la provincia de Cádiz.

Este caso se convierte en el cuarto dentro del SAS, sumándose a otros tres gerentes que ya están bajo investigación en Sevilla por un supuesto delito de prevaricación relacionado con la adjudicación ilegal de cientos de contratos de emergencia entre 2020 y 2024. La modificación en el estatus de González se debe a las recientes declaraciones de los dos interventores provinciales que elaboraron el informe que dio origen a esta causa, quienes confirmaron la existencia de irregularidades en la gestión de estos contratos.

Además, la situación ha generado una oleada de protestas en Sevilla, donde el pasado sábado, una multitud de sanitarios y pacientes se manifestaron en contra del “desmantelamiento” de la sanidad pública. Los asistentes enfatizaron que “la salud no es un negocio”, en un intento por resaltar la importancia de mantener un sistema de salud accesible y de calidad para todos.

La investigación tiene sus orígenes en una denuncia presentada por Podemos, después de que elDiario.es Andalucía revelara una noticia exclusiva el otoño pasado. Dicho informe pone en entredicho la legalidad de 235 millones de euros en contratos menores que el SAS utilizó para pagar la misma prestación a clínicas privadas, eludiendo las directrices de la ley de contratación.

Los interventores han señalado un “abuso de contratos menores en fraude de ley” y un “fraccionamiento indebido” que permitió la adjudicación de 1.125 millones de euros en contratos en 2021 en todas las provincias andaluzas. En Cádiz, se registraron hasta 135.767 facturas al año, acumulando un total de 235,4 millones en contratos menores, con un 100% de anomalías detectadas en una muestra de 175 expedientes analizados.

La situación es grave para el Gobierno de Moreno, que ahora enfrenta dos causas judiciales por estos procedimientos de contratación. Un juzgado de Sevilla sigue investigando la adjudicación de contratos de emergencia por más de 234 millones de euros durante la pandemia, bajo un marco legal que ya había sido derogado. La Junta se ha personado como responsable civil subsidiaria en la causa de Cádiz, lo que pone en la mira a la administración pública ante esta cada vez más creciente crisis de confianza en el sistema de salud privado de Andalucía.