En un giro inesperado de los acontecimientos, el director económico de la Central Provincial de Compras del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Demetrio González, ha sido convocado para declarar como imputado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz. Esta acción se produce en el contexto de una investigación sobre malversación relacionada con la adjudicación de contratos fraccionados para la sanidad privada en Cádiz.

Según la jueza Rosa María García Jover, González deberá presentarse el próximo 28 de abril, siendo este cambio significativo, ya que anteriormente había sido llamado solo como testigo. Se suma así a un creciente número de implicados en el caso, pues es el cuarto contador del SAS después de que tres gerentes fueran investigados en Sevilla por un presunto delito de prevaricación, concretamente en la adjudicación irregular de numerosos contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2020 y 2024.

Este escándalo estalla tras una reciente manifestación multitudinaria en Sevilla, donde sanitarios y pacientes expresaron su preocupación por el 'desmantelamiento' de la salud pública, defendiendo vehementemente que 'la salud no es un negocio'.

La causa judicial se inició tras una denuncia presentada por Podemos, vinculada a una investigación de elDiario.es Andalucía que reveló la existencia de 235 millones de euros en contratos menores, adjudicados de manera sospechosa, para pagar a clínicas privadas por servicios de salud. La Intervención de la Junta ha señalado en su informe un posible fraude a la ley de contratación, advirtiendo sobre el 'abuso de contratos menores' y el 'fraccionamiento indebido y masivo' de estos acuerdos.

El informe preliminar destaca que, en 2021, se adjudicaron 1.125 millones de euros en contratos menores en toda Andalucía, con un alarmante 100% de anomalías detectadas en una muestra analizada de 175 expedientes en Cádiz, reflejando un total de 135.767 facturas que sumaban 235,4 millones. Este escándalo ha llevado a una intensa presión sobre el Gobierno de Juanma Moreno, que actualmente enfrenta dos investigaciones judiciales relacionadas con la contratación irregular del SAS.

La Junta de Andalucía, mientras tanto, no ha presentado alegaciones en la causa de Sevilla, pero sí ha reconocido su responsabilidad civil subsidiaria en la causa abierta en Cádiz, admitiendo así la gravedad de los hechos investigados. La población andaluza se encuentra en pie de guerra ante la posible corrupción que amenaza la integridad del sistema de salud pública.