Cita judicial explosiva en Sevilla

El juez de Sevilla que investiga los controvertidos contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha convocado a declarar a los tres gerentes más recientes de la entidad para el próximo 25 de noviembre. Esta decisión surge en medio de una denuncia del PSOE que cuestiona la legalidad de 242 millones de euros en contratos con empresas privadas, celebrados entre 2020 y 2024 bajo condiciones de emergencia que ya no eran válidas.

Los protagonistas bajo la lupa

Entre los convocados se encuentran la actual gerente, Valle García, así como sus predecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Cada uno tendrá que responder por las decisiones tomadas que, según el Partido Socialista, habrían causado un daño de 24 millones de euros a las arcas públicas.

Testigos clave en la investigación

Una semana antes, el 18 de noviembre, el juez también ha citado a declarar como testigos a figuras influyentes, incluyendo a Amelia Martínez, actual viceconsejera de Economía, quien en su momento era interventora general de la Junta; y a dos interventoras del SAS, Blanca Pons y María Victoria López. Además, el ex director económico del SAS, José Antonio Miranda, y el ex director de asistencia sanitaria, Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás, están llamados a esclarecer los hechos.

Un llamado a la transparencia

El juez ha reiterado la necesidad de que la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS envíe el expediente completo asociado a las verificaciones de gastos con fondos europeos, relacionados con estos contratos de emergencia. Este proceso es clave para entender la situación y sus implicaciones.

Defensa de la Junta de Andalucía

Fuentes de la Junta han calificado la decisión del juez como "acertada y oportuna". Subrayan que los gerentes ya habían solicitado declarar previamente y ahora tendrán la oportunidad de demostrar que todas las acciones siguieron los procedimientos correctos. El gobierno andaluz defiende la necesidad de estos contratos de emergencia, afirmando que han salvado vidas y permitido realizar innumerables pruebas médicas durante la crisis sanitaria.

La atención del público aumenta

Este caso ha despertado un gran interés en la opinión pública, ya que los detalles de los contratos y las decisiones administrativas son materia delicada en el contexto de la gestión sanitaria. La expectativa de las próximas declaraciones promete revelar más sobre cómo se manejó la crisis del COVID-19 en Andalucía.