Introducción

La batalla legal ha comenzado de forma intensa en el segundo mandato de Donald Trump. Este martes, tan solo unas horas después de que el presidente firmara una serie de órdenes ejecutivas, 22 Estados se unieron para presentar demandas en contra de su polémica orden que busca bloquear la ciudadanía por nacimiento.

¿Qué implica el decreto de Trump?

Esta normativa, que se basa en más de un siglo de precedentes legales, garantiza que cualquier bebé nacido en Estados Unidos sea considerado ciudadano, independientemente del estatus migratorio de sus padres, ya sean indocumentados, turistas o estudiantes con visa.

El decreto de Trump, que parece más una declaración controvertida que una política legalmente válida, anuncia que los niños nacidos en el país de padres extranjeros no tendrán automáticamente la ciudadanía.

Argumentos en contra del decreto

El argumento detrás de esta drástica decisión es que, dado que los hijos de no-ciudadanos no estarían “sujetos a la jurisdicción” estadounidense, no están protegidos por la Constitución. Esta medida cuestiona frontalmente la Enmienda 14, una de las más celebradas que garantiza la igualdad y la libertad.

La Enmienda 14 establece claramente que: 'todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos'.

Detalles sobre la medida

Según el nuevo decreto, se excluirán de la ciudadanía automática aquellos cuyos padres no tengan estatus legal en el país o que sean residentes temporales. Esta medida entrará en vigor en 30 días, el 19 de febrero, y marcaría un cambio radical en la política migratoria de la nación.

Reacciones de los Estados y autoridades

Frente a esta situación, un total de 18 Estados, junto con el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco, se han movilizado para desafiar el decreto en un juzgado federal, calificando el intento de Trump como una medida “extraordinaria y extrema”.

Matthew J. Platkin, fiscal general de Nueva Jersey, enfatizó que “los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo”. Otros Estados involucrados en esta lucha incluyen California, Massachusetts, Colorado y Minnesota, entre muchos otros.

Postura de los grupos pro-inmigrantes

El fiscal general de Connecticut, William Tong, también se ha pronunciado sobre esta cuestión, afirmando que la demanda es personal para él: “La 14ª Enmienda dice lo que significa y significa lo que dice: si naces en suelo estadounidense, eres estadounidense. Y esto no es objeto de debate legal”. Tong, un firme defensor de los derechos de los inmigrantes, teme que la decisión de Trump cause un daño irreparable a muchas familias como la suya.

Aparte de las autoridades estatales, varios grupos pro-inmigrantes han iniciado sus propias acciones legales. Tan pronto como se firmó el decreto, las filiales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en estados como New Hampshire, Maine y Massachusetts se unieron para presentar una demanda ante el tribunal federal, argumentando que la orden es inconstitucional.

En su petición, la ACLU sostiene: 'Despojar a los niños del 'tesoro incalculable' de la ciudadanía es un grave perjuicio; les niega la plena pertenencia a la sociedad estadounidense a la que tienen derecho'.

Conclusiones

A medida que avance este conflicto legal, se espera que las repercusiones sean profundas y alcancen a miles de familias en todo el país.