En un giro tenso de los acontecimientos políticos en Cataluña, ERC ha lanzado un ultimátum a los socialistas, advirtiendo que no participarán en las negociaciones de los Presupuestos si no se revoca la integración de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el servicio de emergencias 112. El diputado de Esquerra, Josep Maria Jové, fue directo en su críticas durante la sesión de control del Parlament, exigiendo que se reviertan los acuerdos alcanzados en la reciente Junta de Seguridad.

"Reviertan el despropósito de los acuerdos del 112 de la Junta de Seguridad de la semana pasada o no cuenten con nosotros. Rectifiquen y cumplan", afirmó Jové, subrayando la firme posición de ERC en la defensa de la soberanía catalana. Este enfrentamiento se produce en un contexto donde ERC busca garantizar la autonomía de los Mossos d'Esquadra y rechaza la intervención de fuerzas estatales en la gestión de emergencias en la región.

El Gobierno catalán, bajo la dirección de Salvador Illa, hizo un movimiento controvertido al solicitar más recursos para los Mossos antes de asumir las competencias en aeropuertos y puertos, lo que muchos ven como un retroceso en el avance hacia una mayor autonomía. ERC, que había firmado pactos de investidura en verano, jarmea su disposición a negociar los Presupuestos en función de cómo se maneje este asunto crucial.

Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que desde el 6 de diciembre, la Guardia Civil y la Policía Nacional podrán acceder al 112, lo que, según él, mejorará la rapidez en la respuesta policial ante emergencias. Sin embargo, esta decisión ha sido recibida con fuertes críticas desde el Parlament, donde varios grupos han expresado su oposición.

Illa, al ser cuestionado sobre este tema, se mostró "abierto a escuchar para mejorar", aunque no ofreció detalles concretos sobre posibles cambios en la política de emergencias. Por su parte, la portavoz del Govern, Silvia Paneque, defendió que esta integración únicamente busca potenciar la colaboración entre los cuerpos de seguridad, un argumento que no ha logrado calmar las tensiones.

La semana siguiente, el presidente de la Generalitat comparecerá en el Parlament, impulsado por una reclamación de los partidos de la oposición, lo que promete abrir un nuevo capítulo en la lucha por la autonomía y el control de los servicios públicos en Cataluña. Mientras tanto, los ciudadanos permanecen a la expectativa de cómo se desarrollará esta crisis política, que podría tener repercusiones significativas en la gobernabilidad de la región.