El Tribunal Supremo desestima el recurso del Ayuntamiento de Leganés

El Tribunal Supremo de España ha tomado una decisión contundente al desestimar un recurso presentado por el Ayuntamiento de Leganés contra la Consejería de Sanidad. Este recurso cuestionaba la falta de medidas adecuadas en las residencias de mayores durante los momentos más críticos de la pandemia de Covid-19.

Confirman la competencia de la Comunidad de Madrid

En una sentencia reciente, conocida por Europa Press, la Sala del Supremo ha confirmado que no existe fundamento para obligar a la Comunidad de Madrid a transformar las residencias en centros médicos, contradiciendo así las demandas del Consistorio. La sentencia se basa en la resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya había desestimado la queja del Ayuntamiento relacionada con los protocolos para derivar a los usuarios de residencias a los hospitales.

Denuncias sobre la gestión en residencias

El Ayuntamiento de Leganés había denunciado el 24 de abril de 2020 que la Comunidad de Madrid no había ejecutado las disposiciones de la Orden SND/265/2020, emitida el 19 de marzo, que contemplaba medidas críticas para proteger a los ancianos en las residencias en medio de la crisis sanitaria. Según su alegato, Leganés experimentó una crisis extrema en dos residencias, principalmente debido a la escasez de personal sanitario y la falta de pruebas diagnósticas para identificar a los residentes infectados por Covid-19.

Argumentos del Tribunal Supremo

El tribunal argumenta que la Comunidad de Madrid posee competencias específicas en materia de gestión sanitaria, pero no está legalmente obligada a proporcionar una atención médica directa en los centros de mayores, ya que la normativa sólo proporciona directrices generales sobre la gestión hospitalaria.

Impacto político de la resolución

Esta resolución ha tenido un gran impacto político, ya que pone en entredicho la gestión de la pandemia por parte de la administración regional. Muchas voces críticas reconocen que la situación de las residencias de ancianos durante el confinamiento fue alarmante, y se cuestiona la responsabilidad del gobierno autonómico en la protección de este sector vulnerable.

Debate sobre la responsabilidad política

A pesar de la indignación en Leganés y otros municipios afectados, el Supremo ha dejado claro que, por el momento, las autoridades locales no pueden obligar a la Comunidad a implementar las medidas correctivas que consideran necesarias. Esta situación ha generado un debate intenso sobre la responsabilidad política en la gestión de la crisis sanitaria, mientras los familiares de los ancianos exigen respuestas y mejores protocolos para el futuro.