Este martes, la Comisión Constitucional del Congreso se reunió para aprobar un informe sobre la reforma de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación. Este cambio legislativo tiene como objetivo evitar que la Fundación Francisco Franco pueda modificar sus estatutos y así convertirse en una asociación que eluda el proceso de ilegalización según la Ley de Memoria Democrática.

Sin embargo, lo que ha captado la atención mediática es el intento del PSOE de introducir enmiendas de manera subrepticia. A pesar de la clara oposición del Tribunal Constitucional, los socialistas buscaban satisfacer la demanda de sus aliados de izquierda, quienes querían revertir un cambio introducido por el PNV para que delitos como el allanamiento de morada y la usurpación fueran tratados como delitos de enjuiciamiento rápido.

El informe ha sido aprobado, dando luz verde a que la apologización del franquismo pueda ser causa de disolución de asociaciones. Aun así, el debate en el Congreso podría haber quedado opacado por la polémica surgida sobre el intento de favorecer a los okupas a través de modificaciones legales que no tienen relación alguna con el objetivo de la ley.

Por un lado, el PP y UPN se abstuvieron durante la votación, mientras que Vox votó en contra. El resto de las formaciones se manifestaron a favor. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en la enmienda transaccional relacionada con la ocupación que, finalmente, no recibió apoyo y fue retirada sin siquiera ser votada.

La controversia no terminó ahí. Alberto Catalán, de UPN, cuestionó la lógica de que el PSOE impidiera la inclusión de la apologización del terrorismo al tiempo que intentaba incluir una modificación que beneficiaría la ocupación ilegal. Carlos Flores, de Vox, también criticó este movimiento calificándolo como un intento de introducir clandestinamente un cambio que no tenía nada que ver con la ley discutida.

En otro giro de los acontecimientos, Lourdes Méndez, parlamentaria de Vox, levantó inquietudes sobre posibles cambios que no habían sido comunicados a los diputados. Esto llevó al presidente de la Comisión Constitucional a aclarar que el PSOE no había decidido si mantener o retirar la enmienda pro-okupas.

Recordemos que la controversia sobre la enmienda del PNV surgió cuando se respaldó con el apoyo de varias formaciones políticas y la abstención de Vox. Posteriormente, ERC y Bildu pidieron rectificaciones sobre su votación, calificando de error su apoyo inicial. El PSOE, en medio de la tormenta, prometió buscar caminos para corregir lo que consideró un tropiezo en su estrategia.

La lucha por la aprobación de leyes que impactan en la ocupación y la memoria histórica sigue siendo un tema candente en la agenda política española. La batalla legislativa no solo refleja la división entre partidos, sino también las tensiones latentes sobre cómo se aborda el legado franquista en la sociedad actual.