El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha expresado su preocupación acerca de las amenazas que enfrentan los magistrados del tribunal. En un reciente desayuno organizado por el Ateneo de Madrid, denunció las presiones que ejercen organizaciones de extrema derecha que han presentado querellas contra miembros del tribunal, especialmente tras la decisión de reducir las penas en el polémico caso de los ERE en Andalucía. "Es alarmante que se actúe penalmente contra el Constitucional; este tipo de presiones son intolerables en un país democráticamente consolidado", afirmó.

Conde-Pumpido se refirió a las querellas interpuestas por grupos como HazteOir y el partido Vox, que, aunque fueron inadmitidas por el Tribunal Supremo, abren una inquietante posibilidad sobre la acusación de prevaricación contra los magistrados. "La realidad es que la presentación de estas querellas tiene un efecto disuasorio, lo que cuestiona la independencia del Constitucional en su labor de salvaguardar la Constitución", añadió.

El presidente del Constitucional subrayó que estas fuerzas opresivas provienen de sectores con intereses políticos, mediáticos y económicos que buscan influir en las decisiones del tribunal. "El respeto institucional es fundamental para superar esta crisis de confianza en el sistema. Cuestionar al Constitucional es, en esencia, cuestionar la propia Constitución y la democracia en sí", comentó.

Conde-Pumpido también hizo hincapié en el impacto que tiene este constante cuestionamiento político sobre el tribunal. "La presión sobre el Constitucional significa poner en duda nuestra democracia. Estamos trabajando con un grupo de 12 magistrados altamente calificados, y a pesar de las diferencias de opinión, el tribunal está funcionando adecuadamente", aseguró.

En la misma línea, se abordó uno de los conflictos más relevantes que enfrenta el tribunal: la intención de la Audiencia de Sevilla de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las sentencias que favorecieron a los condenados en el caso de los ERE. Conde-Pumpido dejó claro que no hay intención de anular ninguna decisión, aunque reconoció que el asunto es inédito en el contexto de los 40 años de pertenencia a la UE. "Este camino es nuevo y requiere un debate interno profundo sobre su pertinencia", explicó.

Finalmente, el presidente mencionó la ley de amnistía y las aproximadamente 30 impugnaciones que aguardan sentencia en el tribunal, señalando que están esforzándose para resolver los recursos en el plazo aproximado de un año desde la entrada en vigor de esta normativa, aunque no puede garantizar un calendario preciso.

Este encuentro evidenció la importancia del diálogo y el debate en tiempos críticos para la justicia en España, donde se busca mantener la independencia judicial y la integridad del sistema democrático por encima de las presiones externas.