En la ciudad de Elche, conocida por albergar la Universidad Miguel Hernández y el aeropuerto homónimo, el pleno municipal logró aprobar una moción que exige al gobierno la anulación de las sentencias franquistas que condenaron al poeta. Esta medida se materializó gracias a la abstención del Partido Popular (PP), que contradijo su posición de la semana pasada en Orihuela, la ciudad natal de Miguel Hernández, donde la propuesta, promovida por la familia del poeta, fue rechazada junto a la oposición de Vox.

El grupo político Compromís fue el encargado de llevar esta propuesta al pleno, defendiendo que Miguel Hernández fue condenado por el régimen franquista tras la Guerra Civil 'por pensar y por escribir'. La portavoz municipal de Compromís, Esther Díaz, subrayó que "los poemas de Miguel Hernández no pueden entenderse sin su ideología" y enfatizó que "aquí no hay medias tintas".

La moción recibió el apoyo de Compromís y del PSPV, mientras que Vox se opuso. La abstención del PP fue clave para que esta propuesta avanzara en el Ayuntamiento de Elche, un avance significativo para la memoria histórica.

Sin embargo, la abstención del PP no estuvo exenta de críticas. El alcalde del PP, Pablo Ruz, quien es profesor de historia, intentó contextualizar la discusión vinculándola a la Ley de Concordia que promueven su partido y Vox. Durante su intervención, destacó que “este gobierno condena los asesinatos desde el año 31 (el año de la proclamación de la II República) hasta el 39 y más allá”, calificando la República de “desastrosa” e “ilegítima”, a pesar de haber surgido de elecciones democráticas.

Ruz advirtió sobre el peligro de establecer una visión moral de los sucesos entre 1936 y 1939, argumentando que ambas partes involucradas en la guerra tenían razones y que hubo asesinatos de ambos lados. La postura del PP ha provocado una avalancha de críticas, resaltando la polarización política actual en España.

Por otra parte, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, intentó modificar la propuesta de Compromís para incluir una comparación entre las muertes de Miguel Hernández y la de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange. Rodil se atrevió a argumentar que todos eran “víctimas inocentes” y defendió a Primo de Rivera alegando que simplemente fundó “un partido político, era un civil”.

Compromís rechazó de plano la enmienda de Vox, afirmando que “el fascismo no es equiparable a la democracia”, mientras acusaba al alcalde Ruz de mantener una “equidistancia” entre el franquismo y la II República. Este debate pone de manifiesto las tensiones históricas que aún persisten en la sociedad española, dejando abiertas las heridas del pasado que aún no han sido completamente cerradas.