A medida que el Gobierno de Pedro Sánchez continúa ignorando la grave crisis de la okupación en España, otras fuerzas políticas y jueces han comenzado a formular medidas decisivas para combatir este problema creciente. La Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) califica esto de "gran noticia", destacando que son los ciudadanos y otras instituciones quienes deben movilizarse ante la falta de acción del Gobierno.

Las víctimas de la okupación celebran con entusiasmo cinco medidas que han sido aprobadas recientemente y que abren la puerta a la esperanza. Entre las más relevantes se encuentran la implementación de juicios rápidos para ayudar a la recuperación de viviendas y la proposición de ley de Junts, que permitiría la expulsión de okupas en 48 horas tras la denuncia.

Además, los jueces de Barcelona han alcanzado acuerdos cruciales que podrían marcar una pauta para el resto del país, estableciendo que los propietarios de viviendas pueden cortar suministros a okupas sin que esto se considere un delito de coacciones y obligando a los okupas a actualizar sus informes de vulnerabilidad anualmente. Esto contrarresta el abuso de ciertos okupas que, aprovechando sus circunstancias, han quedado en un limbo legal durante años.

La propuesta del registro de inquiokupación representa una medida esperanzadora; las comunidades gobernadas por el Partido Popular han instado a Sánchez a su creación. Este registro no solo brindaría datos fidedignos sobre la okupación, que ahora el Gobierno minimiza, sino también ayudaría a identificar inmuebles en riesgo y los perfiles de los ocupantes. Esta medida se hace urgente, ya que la PAO estima que el número de víctimas en España debido a la okupación asciende a 80,000.

Esta ola de reformas incluye:

1. Juicios Rápidos:

La reforma, en vigor desde el 3 de abril, establece un plazo máximo de 15 días para la celebración de la vista oral en casos de allanamiento y usurpación, aunque aún no garantiza la rápida expulsión de okupas.

2. Propuesta de Ley de Junts:

Incluye la posibilidad de expulsar a okupas en 48 horas como medida cautelar, proporcionando un alivio a propietarios angustiados.

3. Cambios en Coacciones:

Los jueces de Barcelona han decidido que cortar suministros no constituye un delito, lo que permite a los propietarios ejercer presión sin temor a represalias legales.

4. Actualización de Situaciones de Vulnerabilidad:

Los okupas deben demostrar su situación económica cada año, evitando que perpetúen su situación sin cambios laborales o financieros supervisados.

5. Registro de Inquiokupación:

Un plan que buscará proporcionar datos precisos sobre la crisis, desafiando así la narrativa del Gobierno que minimiza la gravedad de la okupación.

Sin embargo, los expertos advierten que estas medidas no son suficientes. La PAO y otros colectivos consideran que no se pueden seguir implementando soluciones parcheadas; es necesario un enfoque integral que abarque tanto la okupación como la inquiokupación y que también ofrezca apoyo a las familias en situaciones vulnerables.

No olvidemos que mientras se desarrollan estas iniciativas, la realidad de los propietarios es compleja. Muchas son personas mayores que dependen de sus propiedades para subsistir y se sienten desprotegidas en un sistema legal que a menudo parece favorecer a los okupas. ¡El debate sobre cómo abordar la okupación está más vivo que nunca! Es el momento de exigir un verdadero cambio en la política de vivienda en España.