El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desatado una tormenta de controversia tras lanzar a consulta pública una nueva normativa que establece un mecanismo de capacidad para las instalaciones eléctricas. Esta normativa tiene como objetivo proporcionar retribuciones a aquellas instalaciones que estén disponibles durante períodos críticos, como el que se vivió la semana pasada debido a las bajas temperaturas y la escasez de energías renovables. Según el texto oficial, tendrán derecho a participar en este sistema no solo los generadores de electricidad, sino también el almacenamiento, los consumidores, las comercializadoras y los nuevos agregadores. Sin embargo, sorprendentemente, la energía nuclear ha sido excluida de este nuevo marco regulatorio.

La controversia radica en que la energía nuclear, conocida por su capacidad firme de generación (casi del 100% de disponibilidad salvo durante las recargas de combustible), debería tener un lugar en este mecanismo, sobre todo porque está destinada a garantizar el suministro eléctrico en momentos críticos. Esta decisión ha sorprendido a muchos en el sector, especialmente porque las plantas de carbón sí han sido descartadas, pero se esperaba que la nuclear tuviera al menos alguna opción para participar.

Las fuentes del sector argumentan que las plantas de carbón estaban dentro de las expectativas, dado que la Unión Europea exige alinearse con los objetivos de descarbonización. Pero, ¿por qué dejar fuera a la nuclear que no emite CO₂? La respuesta a esta pregunta queda oculta en un nuevo coeficiente de flexibilidad que se exigirá a las plantas que participen. Este coeficiente, que mide la capacidad de las instalaciones para ajustar su producción, no se puede cumplir con eficacia en las plantas nucleares, que no están diseñadas para modificar su output de manera rápida.

La situación del parque nuclear español es delicada, con un calendario de cierre programado para 2035 y tensiones legales en torno a nuevas tasas de gestión de residuos radiactivos por parte de empresas como Endesa e Iberdrola. A pesar de no estar operativamente debilitadas, muchas de estas plantas carecen de los recursos necesarios para extender su vida útil, lo que deja preguntas sin resolver sobre el futuro energético de España.

La decisión del Gobierno puede ser vista como discriminatoria, y tanto Endesa como Iberdrola están preparándose para llevar su queja a los tribunales, enfatizando que el nuevo coeficiente de flexibilidad debería aplicarse equitativamente y no solo a las nucleares, dejando de lado a otras fuentes renombradas como la eólica, que también enfrenta desafíos de flexibilidad.

Lo sorprendente es que en una propuesta anterior del Ministerio en 2021 no se mencionaba esta exclusión, lo que indica un giro significativo en la estrategia gubernamental. Mientras se espera que las primeras subastas se realicen antes del próximo verano, todavía queda por ver cómo reaccionará la Comisión Europea y qué impacto tendrá esta exclusión en el mix energético español.

Este cambio de rumbo puede parecer contraintuitivo a la luz del cambio climático y la urgencia de una transición energética sostenible. Preguntas sobre el futuro de la nuclear en el contexto español y europeo, así como el papel de las energías renovables y el gas, dominan el debate energético actual. ¿Estamos tomando decisiones que afectarán a la seguridad y sostenibilidad de nuestro suministro eléctrico a largo plazo? La comunidad no puede dejar de preguntarse. ¡El futuro energético de España está, definitivamente, en juego!