El Gobierno de España ha anunciado un ambicioso plan de 14.100 millones de euros para hacer frente a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Esta medida, que entrará en vigor a partir de hoy, busca proteger a las empresas afectadas que han estado sufriendo pérdidas desde la pandemia.

El proyecto de real decreto-ley, que será aprobado por el Consejo de Ministros, tiene como objetivo ser un salvavidas para aquellas compañías que podrían estar al borde de la quiebra en 2025 debido a la crisis económica generada por la guerra comercial. Para ello, se ha incluido un artículo que extiende la moratoria contable hasta 2027 para las empresas que enfrentaron pérdidas en 2020 y 2021.

Aunque el impacto en la economía española se espera que sea "moderado", dado que el comercio bilateral con Estados Unidos no representa un gran porcentaje del PIB español, los expertos advierten que las consecuencias de los aumentos de aranceles pueden ser "heterogéneas". Algunos sectores, especialmente aquellos con una alta dependencia del mercado estadounidense, podrían enfrentar serias "tensiones de liquidez".

Las nuevas tarifas arancelarias podrían generar efectos significativos en la actividad comercial, la producción y el empleo en España, alertan economistas. Por ello, el Gobierno ha diseñado el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, que busca mitigar estos daños en tres áreas clave: impulsando la inversión productiva, garantizando liquidez y promoviendo la actividad exportadora.

De los 14.100 millones de euros movilizados, 7.400 procederán de nueva financiación, mientras que los restantes 6.700 se destinarán a utilizar instrumentos ya existentes. Entre las medidas importantes se contempla la creación de una línea de avales por valor de 5.000 millones de euros que respaldará la financiación de las entidades bancarias a las empresas damnificadas.

Además, se prevé aumentar el presupuesto del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIE) de 500 a 700 millones de euros para impulsos en proyectos de exportación e inversión en el extranjero. La protección estatal de los riesgos asociados a la internacionalización también se reforzará, con la movilización de 2.000 millones y la elevación del límite de cobertura hasta los 15.000 millones de euros.

Las proyecciones indican que, mientras el impacto global sobre la economía española podría ser moderado, el efecto se manifestará de manera variable según el sector y la región, lo que podría eliminar oportunidades de crecimiento para algunas empresas más dependientes del comercio con Estados Unidos.

En conclusión, el Gobierno de Pedro Sánchez busca proteger el tejido empresarial español y asegurar su competitividad ante las dificultades impuestas por las políticas arancelarias de la administración Trump. Este ambicioso plan no solo pretende paliar los efectos inmediatos, sino también sentar las bases para un futuro más resiliente.