El Consejo de Ministros ha decidido llevar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el Tribunal Constitucional por su negativa a poner una placa en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, que reconozca su pasado durante la dictadura franquista. Esta medida, anunciada previamente por el Gobierno de Pedro Sánchez hace un mes, se produce tras el rechazo del gobierno madrileño a una propuesta de negociación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Este conflicto entre las diferentes administraciones se remonta a octubre, cuando el Gobierno central comenzó los trámites para declarar al edificio como Lugar de Memoria. Esto significaría la colocación de una placa que indicara que fue sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, pero Ayuso se opone, argumentando la necesidad de mantener "neutralidad" y "respecto a la historia". Su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha reiterado esta postura.

A pesar de la fuerte oposición de la Comunidad de Madrid, el Gobierno mantiene su intención de avanzar en esta declaración, un objetivo que las asociaciones memorialistas han reclamado durante años. El Partido Popular de Madrid ha utilizado todos los recursos legales posibles para bloquear la iniciativa, tachándola de "barbaridad" y sosteniendo que no se debe vincular el inmueble con el franquismo, a pesar de que históricamente fue un centro de represión y tortura donde pasaron miles de represaliados.

El gobierno autonómico ha solicitado el archivo del expediente iniciado y, gracias a su mayoría absoluta en la Asamblea, aprobó a finales de año una enmienda en una ley ómnibus que exige la "previa autorización" de la comunidad para la instalación de cualquier placa o distintivo en el edificio. Además, se establece que no se permitirá ninguna placa que pueda causar "confusión" sobre la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha impugnado esta ley ante el Tribunal Constitucional, argumentando que es "incompatible con la distribución constitucional de competencias". Según el informe del ministerio, "el ejercicio de competencias del Estado en materia de memoria no es incompatible con las funciones institucionales autonómicas".

Por su parte, el PP ha intensificado su campaña en contra de esta medida, lanzando un video donde expresidentes como Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes justifican la oposición a la colocación de la placa. Sin embargo, este video ha sido criticado por sus omisiones y tergiversaciones, abordando la historia de la Real Casa de Correos de manera sesgada.

Es importante recordar que la Dirección General de Seguridad coordinaba los servicios policiales a nivel nacional y que en sus instalaciones se llevaron a cabo numerosas torturas físicas y psicológicas. Los colectivos memorialistas han estado luchando durante años para que se instale una placa que reconozca esta parte oscura de la historia, similar a las placas que ya existen en el lugar en conmemoración de otros eventos significativos como el levantamiento del 2 de mayo de 1808, las víctimas del 11M y aquellos que perdieron la vida a causa de la pandemia de Covid. Esta lucha por la memoria histórica sigue siendo un tema candente en la política española.