El año 2024 comienza con Muface bajo una nube de incertidumbre. Este 15 de enero se revelará si las aseguradoras deciden presentarse a la nueva licitación crucial para mantener un modelo que ha estado vigente durante 50 años. Los 1,5 millones de funcionarios cuyos servicios de salud dependen de este sistema están en un estado de espera, inquietos ante una crisis que ya se extiende por dos meses. La situación parece crítica, con difusas perspectivas de solución.

Las manifestaciones de los funcionarios aumentan y, a través del sindicato CSIF, expresan su desesperación ante cancelaciones de citas médicas y retrasos en pruebas diagnósticas. El Ministerio de Sanidad intenta lidiar con esta situación, esperando que la resolución de la segunda licitación sea positiva, después de que en noviembre todas las aseguradoras decidieran no continuar en el modelo actual.

Recientemente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha actualizado los convenios en las comunidades autónomas más pobladas (Andalucía, Cataluña y Madrid) para la prestación de servicios en zonas rurales, lo cual es un pequeño alivio en medio de la tormenta.

Las pérdidas económicas de Muface

Las aseguradoras han expresado su descontento, alegando pérdidas económicas en el modelo actual, lo que ha dado paso a un nuevo escenario que plantea serias mejoras. Sin embargo, las nuevas condiciones ofrecidas por el Gobierno no han logrado satisfacer a Adeslas, la aseguradora más grande en cuanto a la cobertura de funcionarios, que representa alrededor del 47% del total. Adeslas ya ha anunciado su decisión de retirarse del modelo, argumentando que las condiciones propuestas darían lugar a pérdidas estimadas en 250 millones de euros. Por su parte, DKV y Asisa están aún evaluando sus opciones, mientras se acerca la fecha límite del 15 de enero.

Oportunidades de cambio y nuevas decisiones

El 1 de enero se abrió un nuevo proceso que permitirá a los funcionarios optar por cambiarse a la sanidad pública, con un plazo para hacerlo que finaliza el 31 de enero. Si la nueva licitación se resuelve de manera adecuada, los funcionarios podrían volver a la sanidad privada a partir del 1 de abril. Sin embargo, con Adeslas fuera de la competición, los funcionarios deberán escoger entre las aseguradoras que finalmente participen.

La fecha del 15 de enero se convierte en un hito vital en este contexto. Si DKV y Asisa, al menos una de ellas, optan por aceptar las nuevas condiciones, el nuevo concierto podría comenzar el 1 de abril de 2025, abarcando los años 2025, 2026 y 2027. Contrariamente, si no hay postulantes, se intentaría convocar una tercera licitación.

La presión sobre el Gobierno

La retirada de Adeslas y la decisión aún en el aire de DKV y Asisa, junto a la presión ejercida por los funcionarios, podrían forzar al Gobierno de Pedro Sánchez a presentar una oferta aún más atractiva que la anterior, buscando captar el interés de compañías que previamente abandonaron el modelo por pérdidas económicas.

Asegurada la asistencia sanitaria mientras tanto

Mientras se espera la llegada de abril y una posible restructuración de Muface, es importante destacar que los funcionarios tienen garantizada la asistencia sanitaria hasta entonces. Las aseguradoras están obligadas a continuar prestando sus servicios hasta el 31 de marzo, asegurando así la cobertura de salud, aunque con un incremento del 19,37% en las tarifas para el próximo año. Esta prórroga depende de que el Gobierno active las órdenes pertinentes bajo la ley de contratos del sector público, cosa que aún está por confirmarse.

La próxima semana es crucial para el futuro de la asistencia sanitaria de los funcionarios en España. ¿Conseguirán alguna aseguradora aceptar el reto? ¡Estaremos atentos!