Este jueves marca el final de la polémica 'golden visa' para extranjeros no comunitarios que deseaban establecerse en España. A partir de ahora, ya no será posible obtener un visado de residencia mediante la compra de propiedades por valor superior a 500.000 euros, como estipula la nueva Ley Orgánica de eficacia del Servicio Público de Justicia.

Este sistema de visados, implementado por el Gobierno del PP en 2013 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, permitió a aproximadamente 14.500 inversores residir en el país, principalmente atraídos por las prósperas ciudades como Barcelona, Madrid y Málaga, que concentraron el 90% de las autorizaciones emitidas. Este auge se intensificó notablemente en los últimos años, impulsado en parte por el Brexit y la crisis generada por la guerra en Ucrania.

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abolir estos visados responde a preocupaciones sobre el acceso a la vivienda. "La vivienda es un derecho, no un mero negocio especulativo", afirmó hace un año cuando anunció sus planes de reforma.

Las 'golden visa' no solo permitían la adquisición de propiedades, sino que también se podían obtener a través de inversiones en cuentas bancarias, deuda pública, acciones y proyectos empresariales que beneficiaran al país. Sin embargo, su popularidad ha generado tensiones en el mercado de vivienda, exacerbando la crisis de acceso a la misma en entornos urbanos.

En un paso adicional, el Gobierno español se plantea introducir un desincentivo fiscal para restringir aún más la compra de viviendas por extranjeros no comunitarios. Aunque aún se discute la forma que tomará este impuesto, se habla de una posibilidad de un IVA del 100% o un incremento del Impuesto de Transmisiones, lo que podría cambiar drásticamente el panorama del mercado inmobiliario.

Con el cierre de las 'golden visa', muchos se preguntan cuál será el futuro de la inversión extranjera en el sector inmobiliario español. ¿Es este el principio de un cambio radical en la política de vivienda en el país? Mantente informado, ya que estos cambios impactarán directamente en el acceso y la oferta de vivienda en España.