El célebre caso Astapa ha llegado a su fin este viernes, dejando a muchos incredulitos ante el resultado. Después de 17 años de investigaciones y juicios, ni uno solo de los 15 condenados irá a prisión, y las multas impuestas apenas alcanzan los cuatro millones de euros. Además, un total de 31 acusados han sido absueltos. Antonio Barrientos, quien fue alcalde de Estepona (PSOE) en el momento en que estalló el caso en 2008, enfrenta una leve sanción de cinco meses de suspensión y una multa de 40,000 euros por un delito continuo de cohecho pasivo.

La conclusión de este caso, que comenzó con una supuesta red de corrupción urbanística similar a los escándalos que asolaron Marbella, ha dejado muchas sombras sobre el sistema judicial español. Tras casi dos décadas de procesos, parece que las acusaciones de financiación irregular de partidos, organización criminal y malversación se han desvanecido sin pruebas contundentes. Barrientos se mostró furioso: “Esto ha sido una aberración, una injusticia total”, declaró a los medios después de conocer su condena, la cual califica de irrisoria en comparación con la magnitud de las acusaciones.

Desde la irrupción de la policía en el ayuntamiento de Estepona, el exalcalde ha mantenido su inocencia, insistiendo en que las sanciones son un intento de justificar más de 17 años de caza de brujas en su contra. Esta opinión se ve reforzada por el hecho de que la mayoría de los empresarios y técnicos implicados han sido absueltos, lo que levanta aún más preguntas sobre la solidez del caso desde el inicio.

La reducción de penas y condenas ha sido drástica. En el inicio de este proceso, la Fiscalía solicitaba hasta 205 años de cárcel y 184 millones de euros en fianzas. Sin embargo, durante el juicio, el fiscal recortó sus demandas hasta solo dos acusados enfrentándose a más de dos años y medio de prisión, el límite bajo el cual las penas suelen ser suspendidas. Al final, solo una minoría de condenados recibió penas de prisión, y muchos pagarán multas mínimas, con algunas sentencias que obligan a desembolsar solamente 450 euros.

Para colmo, un factor que oscureció aún más el juicio fue la injerencia del polémico excomisario José Manuel Villarejo. Aunque no fue acusado en el caso, su vinculación ha dejado una sombra de duda sobre la legitimidad del proceso judicial. Muchas de las comunicaciones y evidencia crucial en la causa se consideraron inadecuadas y sin fundamento. Un informe clave sobre los convenios urbanísticos fue descalificado, ya que carecía de autoría, firma y fecha claras, lo que debilitó mucho el caso del fiscal.

A medida que se acaban los capítulos de este escándalo, queda una pregunta en el aire: ¿Quién se hace responsable por los años perdidos en este proceso judicial que ha afectado la vida de muchos ciudadanos y ha puesto en entredicho la credibilidad de las instituciones? La conclusión es amarga para quienes esperaban justicia en Estepona, y el escándalo Astapa, que pudo haber sido un hito en la lucha contra la corrupción, se ha convertido en una triste anécdota de impunidad.