Pedro Sánchez ha abierto la puerta a un verdadero torbellino político. La reciente decisión de eliminar la senda de estabilidad en el proceso parlamentario, que se iba a votar este jueves, para alcanzar un acuerdo con Junts, ha desatado una ola de demandas de todos sus socios.

En las últimas horas, los portavoces de ERC, Bildu, el PNV y el BNG han levantado su voz, exigiendo que o todos participan en el nuevo reparto, o ninguno lo hará. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, fue el más contundente: «Empezamos de cero», exclamó, refiriéndose a la negociación con el Gobierno.

Pedro Sánchez se enfrenta ahora al desafío monumental de volver a encajar todas las piezas de este complejo mosaico político. En el Pleno del 23 de julio, todos sus aliados de investidura apoyaron la senda de estabilidad, salvo el partido de Carles Puigdemont. Sin embargo, ahora han detectado la vulnerabilidad del presidente, y la situación ha cambiado drásticamente. Desde Nueva York, Sánchez ha reconocido que su Gobierno esperará a que Junts y ERC celebren sus congreso en octubre y noviembre, respectivamente, antes de presentar una nueva propuesta.

Las exigencias no se han hecho esperar. Tanto ERC como Bildu piden que los nuevos objetivos de déficit y deuda permitan «una mayor capacidad de gasto para los ayuntamientos de todo el Estado», según Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu. Recordó al Gobierno que necesita su apoyo para avanzar en cualquier propuesta.

El plan que María Jesús Montero inicialmente presentó y luego retiró establecía un déficit global de todas las administraciones del 2,7% para 2025 y 2,5% para 2026. La mayor parte del pastel quedaría para el Estado, según la propuesta. Sin embargo, la presión por un reparto más equitativo entre el Estado y las comunidades autónomas está en auge.

«Todos queremos más», afirmó Néstor Rego, portavoz del BNG en el Congreso, celebrando que Sánchez se haya abierto a discutir un reparto más justo. Aitor Esteban del PNV afirmó que es inevitable que el Gobierno deba recomponer el reparto de los recursos entre el Estado, las comunidades y los ayuntamientos. Aunque el Gobierno vasco no se vería afectado directamente por esta redistribución, la cuestión de las entidades locales sí cobra relevancia para ellos.

Un hecho relevante es que el mismo día en que el Consejo de Ministros retiró la senda de estabilidad, Junts ya dejó claro que buscaba que el Gobierno asignara a las comunidades, o al menos a Cataluña, un tercio del déficit global. Aunque la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda mostró reticencias inicialmente, la necesidad puede obligar a reconsiderar estas demandas.

Sin embargo, el nuevo rompecabezas que enfrenta Sánchez pone en riesgo los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Una concesión destacada a Junts ha sido el anuncio del Ministerio de Defensa de considerar desclasificar documentos del CNI sobre los atentados en Las Ramblas y Cambrils de 2017, lo que alimenta aún más las teorías conspiranoicas de sectores independentistas.

Mientras tanto, desde Estados Unidos, Sánchez no ha dejado pasar la oportunidad de criticar al PP, llamando a sus líderes regionales hipócritas por exigir más financiación, mientras no respaldan la senda de estabilidad. El Gobierno, por su parte, ha ofrecido a las comunidades 12.000 millones de euros adicionales en financiación, un gesto que busca aliviar la tensión en este tenso marco político.