Recientemente, ha estallado un escándalo que ha sacudido los cimientos de Telefónica Venezolana, la filial de la gigante multinacional en el país. El Departamento de Justicia de EE.UU. ha anunciado que la empresa deberá pagar una multa de 85,26 millones de dólares (casi 80 millones de euros) para poner fin a una investigación sobre sobornos a funcionarios del gobierno venezolano.

Nicole M. Argentieri, Fiscal General Adjunta Principal, comentó que Telefónica Venezolana sobornó a funcionarios para participar en un esquema de subastas que le permitía canjear bolívares por dólares. La compañía utilizó una táctica astuta para ocultar estos pagos ilícitos, inflando los precios de equipos comprados a proveedores que, a su vez, pagaron las comisiones.

"En lugar de operar en un marco legal, Telefónica Venezolana optó por alinearse con un régimen corrupto para facilitar sus operaciones en el país", destacó Argentieri. La sentencia es considerada un fuerte mensaje del Departamento de Justicia en su compromiso por combatir la corrupción empresarial a nivel internacional.

La resolución se alcanzó bajo un acuerdo de procesamiento diferido (DPA), lo que significa que la compañía ha acordado cooperar con las autoridades para evitar un juicio desfavorable. Según informes, Telefónica ya conocía desde hacía meses el alcance de la investigación y decidió tomar medidas para mitigar las repercusiones, lo que incluyó la destitución de varios ejecutivos involucrados, entre ellos Pedro Cortez, quien era CEO en el momento de los hechos.

Cortez, quien ocupó su cargo de 2012 a 2017, ha tenido una carrera notable en múltiples filiales de Telefónica, incluyendo una reciente posición como director de estrategia para Hispanoamérica. Sin embargo, su relación con la compañía se vio truncada en julio de 2024, lo que plantea interrogantes sobre si su salida estuvo vinculada a este escándalo.

Las investigaciones han revelado que, durante la subasta de divisas patrocinada por el gobierno venezolano en 2014, Telefónica utilizó prácticas corruptas para asegurarse de obtener acceso a dólares estadounidenses, crucial para su negocio en el país. La empresa canalizó aproximadamente 28,9 millones de dólares a través de intermediarios en un esquema de sobornos, lo que le permitió finalmente obtener más de 110 millones en divisas.

Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, declaró que "Telefónica Venezolana eligió llenar los bolsillos de funcionarios corruptos para poder mantener su posición en el mercado venezolano". Este caso pone de relieve la vulnerabilidad del sistema financiero estadounidense ante operaciones deshonestas que benefician a regímenes corruptos en otras naciones.

El Departamento de Justicia ha subrayado que la multa fue menor debido a la cooperación de la empresa con la investigación, lo que contrasta con comportamientos pasados de la compañía, incluyendo sanciones anteriores en Brasil. Telefónica Brasil ya había sido multada por prácticas similares, lo que complica aún más la imagen de la empresa a nivel global.

La historia de Telefónica Venezolana es una advertencia sobre las consecuencias de entrar en acuerdos corruptos para obtener ventajas competitivas. A medida que este caso se desarrolla, queda por ver cómo afectará la reputación y las operaciones de Telefónica en otros mercados de Latinoamérica.