Un juez pone en la mira al Gobierno de Trump

Un juez federal en Estados Unidos ha dado un fuerte aviso al Gobierno de Donald Trump: existe "causa probable" para declarar al presidente en desacato judicial debido a la violación de una orden que suspendía las deportaciones de migrantes venezolanos. Esto podría tener graves consecuencias para la administración, que parece ignorar la ley.

Desafío a la ley: ¿Qué está pasando con las deportaciones?

El juez James Boasberg, desde su corte en Washington, ha documentado en un extenso escrito cómo la administración ha mostrado una "ignorancia deliberada" respecto a su orden del 15 de marzo. Esta orden prohibía la deportación de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, utilizando una ley antigua que ha sido muy controvertida. A pesar de ello, más de 200 venezolanos fueron enviados a prisiones en El Salvador, llevando consigo acusaciones relacionadas con bandas criminales como MS-13 y el Tren de Aragua.

Trump bajo presión: ¿Qué decisiones tomará?

Lo más alarmante es que cuando el juez emitió su orden, ya había dos aviones en camino a El Salvador con venezolanos a bordo. Estos aviones no hicieron caso al retroceso y aterrizaron, lo que lleva al juez a exigir a la Administración que demuestre que no ha incumplido la ley; de lo contrario, inicia audiencias que podrían tener repercusiones legales serias.

¿La única solución? Permitirse el desafío legal

A juicio del magistrado, la forma más sencilla para que el Gobierno evite el desacato es permitir que los migrantes deportados impugnen su expulsión ante los tribunales. Esto podría hacerse sin necesidad de regresar físicamente a los migrantes, abriendo la puerta a "otros métodos para lograr el cumplimiento" de la orden judicial.

Un aviso serio: la Constitución en juego

Boasberg dejó claro que su conclusión no fue impulsiva; ha dado múltiples oportunidades a la administración para aclarar sus acciones. Sin embargo, las respuestas recibidas no lograron satisfacer la gravedad de la situación. La Constitución de Estados Unidos no permite que funcionarios desobedezcan órdenes judiciales, y este puede ser un punto de inflexión en la lucha entre el poder judicial y ejecutivo.