La situación en la Comunidad Valenciana es alarmante tras la reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que ya ha causado más de 155 muertes en la región. Sin embargo, la Generalitat, encabezada por el presidente Carlos Mazón, ha tomado una decisión polémica al eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) como una de sus primeras acciones en el gobierno coaligado con Vox. Esta medida ha llevado a una grave infrautilización de los recursos de emergencias disponibles.

Pilar de Vera, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO País Valenciano, ha expresado su frustración al señalar que, de 28 unidades de bomberos forestales, solo se han movilizado dos. "Estas dos unidades representan una gestión habitual, como si no estuvieran enfrentando un nivel de emergencia", lamenta.

La falta de coordinación entre las autoridades se ha vuelto evidente. En un comunicado, CC OO de Bomberos Forestales de la Comunidad Valenciana denunció que, el pasado 29 de septiembre, en el pico de la crisis, la mayoría de las unidades fueron retiradas de la acción, como si se tratara de un día normal. "La UVE fue creada para asegurar una coordinación efectiva durante situaciones de desastre, sin embargo, las decisiones políticas han llevado a una situación caótica que podría haberse evitado", recalca De Vera.

Asimismo, se informó que los bomberos del Ayuntamiento de Alicante solicitaron participar en las operaciones de rescate pero no fueron respondidos hasta varias horas después. Un comportamiento similar ha sido reportado por los bomberos de Castellón, quienes aún esperan ser convocados. Esta descoordinación ha generado una presión adicional sobre los servicios de bomberos, que deberían estar trabajando de manera integrada.

"Los ciudadanos están en peligro y se están movilizando recursos de manera inadecuada cuando hay profesionales dispuestos a ayudar", subrayó De Vera.

La Comunidad Valenciana enfrenta no solo el desastre natural, sino también una crisis de gestión que ha comprometido la seguridad de sus habitantes. Las críticas continúan creciendo y muchos se preguntan si esta situación podría haberse manejado de manera más efectiva. A medida que los estragos de la DANA se hacen más evidentes, la presión para que las autoridades asuman la responsabilidad aumenta.