La situación se intensifica en el sector de la salud pública tras la reciente decisión de Sanitas de no participar en el nuevo convenio de la Mutualidad General de la Justicia (Mugeju) para el periodo 2024-2025. Esta resolución se produce solo tres días después de que el concurso de Muface, que protege a 1,5 millones de funcionarios y sus familias, quedara desierto, generando incertidumbre en la atención sanitaria de este numeroso colectivo.

La razón detrás de la negativa de Sanitas radica en la oferta de mejora económica del Gobierno, que consistía en un incremento del 11,73% en los pagos que no cubre los costos crecientes de atención médica. Esto deja a miles de jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia sin la posibilidad de ser atendidos por su compañía aseguradora habitual.

Mientras tanto, otras aseguradoras como Adeslas y Asisa han optado por presentarse a este concurso, garantizando de esta manera la continuidad del servicio. Sin embargo, los mutualistas de Mugeju que recibían atención en hospitales como La Zarzuela y La Moraleja se verán obligados a buscar nuevos proveedores. A esto se suma la preocupación por la salud mental y física de estos profesionales, quienes ya enfrentan desafíos significativos en su labor diaria.

El modelo de funcionamiento de estas mutualidades ha permanecido similar durante más de 50 años, permitiendo a los empleados públicos elegir entre atención médica pública o privada bajo una póliza concertada. Sin embargo, la crisis económica y el aumento exponencial de precios y tratamientos en últimos años han llevado a la situación actual, con pérdidas acumuladas de 600 millones de euros en el sector.

A pesar de que el Ministerio de Función Pública ha propuesto una mejora de hasta 17% en la compensación, las compañías sugieren que esto no es suficiente. DKV, frente a este panorama, ya ha anticipado posibles quiebras si las condiciones no varían. La presión sobre el Gobierno aumenta, quien se encuentra en la búsqueda de soluciones urgentes como una licitación exprés que podría ofrecer hasta un 24% más a las aseguradoras para intentar mantener la estabilidad del sistema.

La situación es crítica y los mutualistas están en el limbo, temiendo por su atención médica y la continuidad de sus tratamientos. ¿Cuál será el futuro de la atención médica para estos funcionarios públicos? La pregunta queda abierta mientras la incertidumbre se apodera del sector.