El 17 de octubre de 2024, Vilma Janet Águila, dueña de Abadix Fruits, una empresa de Alicante que supuestamente importa frutas de Sudamérica, hizo un dramático llamado a las autoridades aduaneras. Se quejaba del retraso en la entrega de un contenedor, el TCLU1210545, que había llegado a Algeciras. Sin embargo, la realidad detrás de su enfado era mucho más oscura: dentro de ese contenedor se escondían 13 toneladas de cocaína, el mayor alijo confiscado en la historia de España. Esta cifra impacta y da cuenta de la escala de la operación narcotraficante en la que estaba involucrada.

Investigaciones posteriores revelaron que el verdadero objetivo de Vilma y su pareja, José Miguel Berenguer, al enviar aquel correo no era otra cosa que desvincularse de la droga, sabiendo que las autoridades ya estaban al tanto de su llegada. La policía nacional los seguía de cerca, y los detalles que emergieron de la investigación eran inquietantes. Ignacio Torán, un español con antecedentes de tráfico de drogas desde los años noventa, se situaba en la cúspide de una red que importaba cocaína desde Sudamérica.

Lo que parecía una simple queja sobre el estado de un contenedor se transformó en un enorme rompecabezas que conectaba a varias figuras en la jerarquía del narcotráfico. Investigadores señalaron que Óscar Sánchez, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, estaba también implicado en el asunto. Las autoridades habían recuperado cerca de 20 millones de euros en efectivo en su casa, algunos incluso escondidos en las paredes.

La cocaína del contenedor TCLU1210545 fue enviada por la empresa ecuatoriana Quality-Ecuatoriana S. A., bajo la apariencia de frutas. Abadix Fruits actuaba como la empresa fachada para la red de Torán. A su vez, Sánchez filtraba información a los narcotraficantes sobre las investigaciones en curso, usando las bases de datos policiales para proteger a sus aliados en el crimen. Su complicidad se hacía evidente cuando se descubrió que había alertado a Torán sobre la intervención del contenedor, lo que les permitió escapar antes de ser arrestados por la policía.

El valor del alijo, que supera los 700 millones de euros, ha desencadenado alarma en el ámbito de las fuerzas del orden, que advierten sobre el auge del tráfico de cocaína en España. La Fiscalía alertó sobre el incremento alarmante de las incautaciones y sobre cómo España se ha convertido en el tercer país europeo que recibe más cocaína, con puertos como Algeciras, Valencia y Barcelona como principales puertas de entrada.

La consolidación de esta red criminal ha sido posible gracias a la corrupción dentro de las fuerzas policiales. Según informes, Sánchez no era un caso aislado; las autoridades han encontrado indicios de una red más amplia que abarca a otros agentes de la ley. Este caso destaca no solo la magnitud del narcotráfico en España, sino también la gravedad del problema de la corrupción policial que permite que estos sistemas operen bajo el radar.

A medida que las investigaciones avanzan, las fuerzas de seguridad enfrentan un doble reto: desmantelar las redes de narcotráfico y lidiar con la corrupción dentro de sus propias filas. Con cada nueva revelación, se hace evidente que este caso no es solo sobre drogas, sino sobre un profundo entramado que desafía la seguridad y la integridad del país.