El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del Partido Popular (PP), ha sido criticado por no declarar la emergencia catastrófica tras la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que devastó la provincia de Valencia el 29 de octubre, un suceso que resultó en la trágica muerte de 227 personas. La jueza de Catarroja que instruye el caso ha señalado que no asumió su responsabilidad legal, a pesar de tener el poder para hacerlo, lo que ha abierto un debate sobre su posible protección ante consecuencias legales.

La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, ha declarado que "nadie" en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) propuso el estado de emergencia, a pesar de que el evento se considera una de las catástrofes más graves en la historia de la Comunidad Valenciana. “Con la información disponible en ese momento, los técnicos decidieron el nivel de emergencia que consideraron adecuado”, explicó Camarero, insistiendo en que nunca se propuso declarar la máxima alarma.

Sorprendentemente, no se declaró la emergencia ni al día siguiente, cuando ya estaba claro el alcance de la catástrofe. La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha subrayado que la responsabilidad de declarar la emergencia radica exclusivamente en el Presidente, un hecho que ha generado cuestionamientos sobre la falta de acción de Mazón. La magistrada detalló que Mazón llegó al Cecopi 17 minutos después de que se emitiera un mensaje de alerta a la población, un retraso calificado como "tardío y erróneo".

Hasta el momento, Mazón ha rechazado comparecer como imputado, lo que ha llevado a la Generalitat a solicitar formalmente participar en el juicio para proteger los intereses de los valencianos. Esta petición se realiza en un contexto en el que están investigados dos altos funcionarios de su gobierno, lo que podría derivar en responsabilidades civiles si se establecieran negligencias.

El sistema de información hidrológica se ha vuelto fundamental en medio de esta crisis. La jueza ha solicitado información a la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre los puntos de control de los caudales de los ríos, lo que es crucial para entender la gestión de recursos hídricos y prevenir futuras inundaciones.

La falta de acción y la continua negativa de Mazón a asumir su responsabilidad en esta tragedia provocan inquietud entre la ciudadanía y plantean la pregunta: ¿podría esta situación haber sido evitada? La presión sobre el gobierno valenciano para que se tomen medidas concretas es cada vez mayor, así como las exigencias para una mayor transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué sucederá a continuación en este devastador capítulo de la historia de Valencia?