La Comisión Europea ha decidido actuar y ha expedientado a España por no adaptar su legislación a la normativa europea sobre el permiso parental de cuidado a menores. Esta acción, que representa el primer paso en un procedimiento de infracción, llega en un momento crítico, ya que se le ha dado al Gobierno un plazo de dos meses para resolver la situación.

El Ministerio de Trabajo ha advertido que si España no cumple, podría enfrentar una multa inicial de al menos 7 millones de euros, una cifra que podría aumentar considerablemente. Además, se encuentra en duda si el tema llegará finalmente al Tribunal Europeo, que tiene la autoridad para imponer sanciones por incumplimientos de este tipo.

Es importante recordar que la directiva europea, que fue instaurada en 2019, tiene como objetivo esencial facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar de los trabajadores que son padres o cuidadores. Esta normativa asegura el derecho a un permiso parental de cuatro meses, que debe utilizarse antes de que el niño cumpla ocho años. De estos, al menos dos meses no son transferibles entre progenitores y deben estar remunerados.

La presión se incrementa para el Gobierno español, ya que la legislación debía haber estado lista antes de terminar agosto de 2022, y se conoce que la disposición respecto a las dos últimas semanas de permiso parental tenía como fecha límite el 2 de agosto de 2024 para su implementación.

El Gobierno de Pedro Sánchez todavía no ha comunicado a Bruselas la transposición completa de esta normativa. El Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, mencionó que la retribución de estas semanas está considerada como una medida «urgente» dentro de los Presupuestos Generales, aunque estos han sido prorrogados por el momento.

Organizaciones como CSIF han hecho eco de esta problemática, recordando que en 2023 ya habían denunciado ante la Comisión Europea la falta de voluntad del Gobierno para ejecutar las medidas de conciliación necesarias. Exigen que se avance de forma inmediata y efectiva, puesto que la falta de cumplimiento podría tener repercusiones graves tanto a nivel económico como social.

La comunidad española espera ansiosa la respuesta de su Gobierno, mientras Bruselas mantiene la presión y el plazo se acorta. ¿Qué medidas tomará España? ¡El tiempo corre!