La Comisión Europea ha decretado una drástica advertencia a España respecto al polémico sistema de concesión de los 'chiringuitos' en las playas, estimando que infringe la normativa comunitaria por carecer de criterios suficientemente "transparentes e imparciales". Este embrollo legal no solo afecta a la reputación de nuestro país, sino que podría desencadenar severas consecuencias económicas si no se actúa rápidamente.

Las autoridades europeas están especialmente preocupadas por la excesiva duración de las concesiones, que pueden abarcar hasta 75 años, lo que, según Bruselas, otorga un "derecho preferente" a los actuales titulares y desplaza a posibles competidores, vulnerando la libre competencia establecida en el Artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta situación ha llevado a la Comisión a abrir un expediente de infracción contra España, otorgándole un plazo de dos meses para que ajuste sus leyes a las exigencias comunitarias, o de lo contrario, el caso podría terminar en la Corte de Justicia de la Unión Europea, resultando en una posible lluvia de multas.

Bruselas ha subrayado que España permite concesiones para construir instalaciones permanentes en el dominio público costero de forma casi automática, tras un periodo de información pública de 20 días. Sin embargo, la Directiva de Servicios exige un proceso de selección minucioso y competitivo, algo que claramente no se ha llevado a cabo. La Comisión también ha resaltado la existencia de barreras que complican la entrada a estos contratos para operadores de otros Estados miembros, incentivando un ambiente de competencia desleal que perjudica a muchos emprendedores.

Este conflicto no se limita a los 'chiringuitos'; también afecta a otras concesiones en la zona costera. Brussel asegurase que seguirá su lucha contra irregularidades como el caso de Ence en la ría de Pontevedra, a pesar de que dicha empresa obtuviese respaldo del Tribunal Supremo.

Además, España enfrenta otro procedimiento de infracción relacionado con las nuevas normativas sobre peajes y euroviñetas, que la UE acordó en 2022. Este cambio busca que los vehículos pesados paguen por la distancia recorrida en lugar de basar la tarifa en el tiempo. El Ministerio de Transportes señala que están trabajando en la aprobación de un Real Decreto para cumplir con la normativa, pero hasta ahora, la implementación ha sido insuficiente.

Es importante destacar que España no está sola en esta situación; otros siete países, entre ellos Bulgaria, Grecia, e Italia, también se enfrentan a desafíos similares, con un límite hasta marzo de 2024 para ajustar sus legislaciones. La cooperación entre naciones es vital para garantizar la armonización de las normativas en la Unión Europea, no solo para fomentar un mercado justo, sino para proteger intereses económicos a nivel comunitario.

La pregunta que queda en el aire es: ¿podrá España adaptarse a estas exigencias antes de que sea demasiado tarde? Las consecuencias podrían ser drásticas, tanto para el turismo como para la economía local.