El nuevo Gobierno francés, liderado por el primer ministro Michel Barnier, ha declarado una guerra abierta contra lo que ha descrito como una "deuda financiera colosal" que amenaza la estabilidad económica del país. Durante su intervención ante la Asamblea Nacional, Barnier advirtió que esta deuda se ha convertido en una "espada de Damocles" que podría llevar a Francia al abismo económico si no se toman medidas urgentes.

Aunque el primer ministro optó por no usar la palabra "impuestos", su discurso dejó entrever la intención de establecer una carga fiscal adicional sobre las empresas con altos beneficios y los ciudadanos más acomodados. Los detalles concretos se darán a conocer la próxima semana con la presentación del nuevo presupuesto, lo que promete desencadenar un acalorado debate en el parlamento. Los miembros del partido de Macron están decididos a minimizar cualquier aumento de impuestos, temiendo que esto afecte negativamente al crecimiento económico y a la atracción de inversiones extranjeras.

Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha, se encuentra en una posición clave en la legislatura, eligiendo no desestabilizar el frágil Gobierno centroderecha por el momento. En su discurso, Barnier no escatimó en advertencias y aseguró que los franceses deben estar preparados para renunciar a "la ilusión del todo gratuito" y aceptar que "no hay dinero mágico".

Bajo la estricta vigilancia de Bruselas, Barnier se comprometió a reducir el déficit del Estado al 5% el próximo año y por debajo del 3% para 2029. Esto significa que las reformas fiscales son inminentes y que los próximos meses serán críticos para las decisiones económicas del país.

En cuanto a otros temas importantes, como la inmigración, Barnier señaló que la situación actual requiere un endurecimiento de las políticas. Francia continuará implementando controles fronterizos, tal como han hecho otros países de la UE, y se enfocará en acelerar las expulsiones de aquellos solicitantes de asilo cuyos casos han sido rechazados. Esta postura se verá reforzada con la presión hacia los países de origen de estos migrantes, como Argelia, para que acepten su repatriación; de no hacerlo, Francia podría restringir los visados.

Además, el gobierno ha anunciado que el salario mínimo se incrementará en un 2% a partir de noviembre, adelantándose dos meses a lo previsto. Barnier también hizo mención de posibles medidas que busquen facilitar el acceso a la vivienda y planteó la posibilidad de realizar "correcciones" en la polémica reforma de pensiones.

Por otro lado, la reacción de Le Pen sugiere que buscará un enfoque constructivo, pero dejó claro que su apoyo dependerá de la respuesta del Gobierno hacia la clase media y los sectores populares, así como del compromiso con una política más estricta contra la inmigración irregular y la implementación de un sistema electoral proporcional. En este juego político, parece que Le Pen tiene la llave del futuro del Gobierno, lo que añade una nueva dimensión a la ya compleja situación política en Francia.