El Gobierno ha decidido ampliar las ayudas directas a todas las empresas y autónomos que han sufrido daños materiales en la 'zona cero' de la DANA, una decisión que ha generado un intenso debate. Inicialmente, el primer paquete de apoyo aprobado limitaba estas ayudas a empresas con domicilio fiscal en 78 municipios específicamente afectados por las inundaciones. Sin embargo, el Consejo de Ministros ha rectificado y ahora incluye a empresas cuyo domicilio fiscal se encuentra fuera de estas áreas, pero que cuentan con centros de trabajo o inmuebles dentro de ellas. A pesar de esta corrección, miles de transportistas que han perdido sus vehículos siguen excluidos.

Recientes informes indican que miles de camiones, furgonetas y otros vehículos esenciales para transportistas, taxistas y agentes comerciales sufrieron daños significativos durante la DANA. Muchos de estos profesionales, a quienes se les considera esenciales para la economía, no pueden acceder a las ayudas debido a que su actividad se encuentra registrada fuera de los municipios incluidos en la norma. Esta situación ha sido denunciada por Lorenzo Amor, presidente de la asociación de trabajadores autónomos ATA, quien insistió en que estas personas han perdido su herramienta de trabajo y merecen recibir apoyo.

El presidente Pedro Sánchez también ha anunciado un segundo paquete de medidas que incluye la posibilidad de acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Hasta ahora, más de 400 empresas de la zona devastada han solicitado ERTE, que esperanzadoramente podrían proteger hasta 400.000 empleos. No obstante, el hecho de que empresas con clientes y proveedores en la zona cero no estén recibiendo ayudas directas plantea serias preocupaciones sobre la viabilidad de estos negocios en el futuro.

En un contexto donde la recuperación es crucial, muchos se preguntan: ¿realmente está el Gobierno haciendo lo suficiente para apoyar a todos los afectados por la DANA? Expertos opinan que una respuesta más inclusiva podría ser la clave para la reactivación de la economía en las áreas devastadas. La presión social sobre el Ejecutivo para resolver esta situación es cada vez mayor, y la comunidad empresarial no se queda callada.