La inquietante solicitud de Alberto González Amador, abogado del entorno de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que las compañías telefónicas retengan las comunicaciones de cuatro periodistas de elDiario.es, marca el último capítulo de un largo episodio de hostigamiento y amenazas desde que se destapó el fraude fiscal de su pareja.

Desde la publicación de esta noticia, elDiario.es ha sido objeto de constantes ataques. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, no dudó en advertir a la periodista Esther Palomera: “Os vamos a triturar”. Esta amenaza se lanzó la noche del 12 de marzo, complementada por el silencio de nadie en el Gobierno regional o en el PP que haya pedido disculpas.

El 23 de diciembre, González Amador solicitó al juez Ángel Hurtado que una unidad de la Guardia Civil obligue a las compañías telefónicas a conservar datos de llamadas y mensajes de seis informadores, cuatro de ellos de elDiario.es, más allá del plazo legal de doce meses. Este hecho plantea serias preguntas sobre la violación del secreto profesional.

Nueve meses atrás, tras la primera exclusiva, Rodríguez vertió una serie de insultos y acusaciones infundadas en la misma conversación. Acusó a los periodistas de “intentos de amedrentamiento” y más tarde lanzó un bulo diciendo que periodistas encapuchados habían intentado acceder a la casa de la presidenta. Este ataque mediático fue un intento claro de distraer la atención sobre las revelaciones de corrupción.

Los ataques no cesaron; en diversas ocasiones, el entorno de Ayuso intentó utilizar situaciones rutinarias de identificación policial como un arma de descrédito contra los periodistas. Sin embargo, un portavoz del Ministerio del Interior reafirmó que la identificación era normal y que el periodista estaba simplemente haciendo su trabajo.

Además, González Amador ha amenazado con acciones legales contra la fiscal jefe de Madrid al acusarla de revelación de secretos. La situación plantea preocupaciones sobre la intimidación a la prensa en un contexto donde la libertad de expresión está siendo desafiada.

Las solicitudes de González Amador se extienden a la vigilancia de todas las comunicaciones digitales de los periodistas, lo que podría establecer un precedente alarmante contra el derecho a la intimidad y el secreto profesional. La Federación de Asociaciones de Prensa (FAPE) ha expresado su oposición a la solicitud del entorno de Ayuso, defendiendo así la integridad y el trabajo de los periodistas.

Con el telón de fondo de estos ataques, elDiario.es sigue comprometido a investigar y a informar sobre la verdad, sin ceder ante amenazas o manipulaciones. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los que se sienten al margen de la ley? La lucha por la verdad continúa, y el periodismo es más necesario que nunca.