Un reciente estudio revela una preocupante realidad: el déficit de plazas residenciales para personas mayores en España sigue en aumento post-pandemia. Durante los años 2021, 2022 y 2023, se han añadido solo 6.031 plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años ha crecido en más de 600.000 personas. Esto pone de manifiesto la creciente desproporción entre la oferta y la demanda.

Se estima que serían necesarias 89.324 plazas para lograr un ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, así como al menos 35.000 plazas adicionales para satisfacer la demanda actual de aquellos con Dependencia Severa o Grandes Dependientes. Según los datos de Imserso, actualmente hay 34.622 personas con Grado II y 17.420 personas con Grado III en lista de espera, además de otras 65.602 pendientes de valoración.

De acuerdo con el estudio, un 35% de quienes están en Grado III y un 22% de quienes están en Grado II solicitarían un servicio residencial en plaza pública o concertada. Esto refuerza la urgencia de la necesidad de crear 35.000 nuevas plazas solo para atender a las personas en esa lista de espera.

Año tras año, el sector residencial muestra signos de retroceso. En 2023, se ha registrado una reducción en el número total de plazas y en el índice de cobertura, el más bajo desde 2010. Actualmente, la ocupación total alcanza el 84,1%, lo que se traduce en 332.431 personas usuarias.

Por regiones, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las que presentan el mayor déficit, con 35.857 y 24.801 plazas faltantes respectivamente. Estas dos comunidades abarcan más de tres cuartas partes del déficit nacional, evidenciando la necesidad urgente de atención en estas áreas. En contraste, comunidades como Castilla y León cuentan con un exceso de plazas, lo que plantea una distribución desigual de recursos.

El informe también destaca que el 69,6% de las plazas residenciales son de financiación pública, un total de 275.094 frente a las 119.971 de carácter privado. Esta cifra incluye plazas en centros públicos y concertados, así como financiamiento a través de prestaciones vinculadas a los servicios.

Desde 2015, ha habido un ligero aumento en el número de plazas públicas, alcanzando 2,84 por cada 100 personas mayores de 65 años. Las comunidades con mayores índices de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha. Sin embargo, otras como Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana se encuentran en la parte baja del ranking.

En respuesta a esta crisis, el Ministerio de Derechos Sociales propuso trabajar con las comunidades autónomas en una estrategia de desinstitucionalización, para que las personas en situación de dependencia puedan permanecer en sus hogares. Esta medida, de implementarse efectivamente, podría aliviar la sobrecarga en las residencias.

No obstante, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala la falta de progreso en esta estrategia. A pesar de su importancia, el servicio de atención domiciliaria apenas ha mejorado, manteniendo una cobertura del 5,5% en 2023, que es solo seis décimas más que en el año anterior a la pandemia. Además, se alerta sobre la insuficiencia de horas de atención, con una media de solo 21,1 horas mensuales, igual a los niveles de 2012.

La escasa evolución en la atención a personas mayores plantea serios desafíos, y es vital que la carga de cuidado no recaiga sobre las familias, especialmente las mujeres, que a menudo asumen esta responsabilidad. La asociación hace un llamado urgente para actualizar el censo de centros residenciales en 2024, buscando que los datos estén más alineados con la realidad actual, ya que el índice de cobertura se basa actualmente en una población mayor de 65 años, cuando la media de edad en residencias suele ser de aproximadamente 85 años.

Frente a esta situación alarmante, se requiere una planificación racional en la creación de nuevas plazas y servicios residenciales, asegurando que estén ubicados donde realmente se necesitan. La sociedad clama por residencias que funcionen como servicios cercanos y accesibles, en vez de seguir construyendo centros simplemente por promesas electorales.