El descontento entre las Fuerzas de Seguridad de España está en su punto más álgido. Tanto la Policía como la Guardia Civil consideran que la reciente reforma de seguridad es un mero precio político que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido pagar a sus socios más radicales para continuar en el poder. La situación se ha vuelto especialmente crítica, dado que el acuerdo fue anunciado en colaboración con Bildu, el partido sucesor de Batasuna, una formación que fue ilegalizada por su apoyo a ETA.

El malestar se agrava aún más con la decisión de prohibir el uso de pelotas de goma por parte de las Unidades de Intervención, una medida que ha sido ampliamente criticada por sindicatos y asociaciones profesionales. Según estas organizaciones, no hay un solo experto que apoye esta medida, que podría llevar a un aumento en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo con alborotadores, poniendo en riesgo tanto a los agentes como a los civiles. "No sabemos quién podría haber asesorado para que se implemente este disparate. A nosotros, desde luego, nadie nos ha consultado", comentan expertos en seguridad ciudadana.

Además, la ministra del Interior aún no ha dado explicaciones sobre por qué lo que antes se consideraba una 'línea roja' se ha aceptado ahora sin oposición, lo que muchos consideran una clara evidencia de que se trata de un compromiso político en lugar de una medida enfocada en la seguridad pública. A medida que la tensión aumenta, se espera que las protestas y manifestaciones en contra de esta ley se intensifiquen, ya que los agentes de seguridad exigen que se escuchen sus legítimas preocupaciones y se resguarde la operatividad de sus labores. La pregunta que muchos se hacen es: ¿a qué precio se comprometerá la seguridad en España?