En un giro sorprendente en la política energética española, el Partido Popular (PP) ha dado un paso audaz al registrar una proposición de ley en el Congreso, menos de un mes después de recibir el respaldo para una iniciativa no vinculante que pedía la extensión de la vida útil de las centrales nucleares en el país. La medida busca desafiar el calendario de cierre establecido por el Gobierno de Pedro Sánchez, que prevé el cierre paulatino de estos reactores entre 2027 y 2035.

El documento, impulsado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no solo propone mantener en funcionamiento el parque nuclear, sino que también exige al Gobierno elaborar un nuevo Plan de Gestión de Residuos Radiactivos en un plazo de tres meses una vez que la ley entre en vigor. Esta exigencia responde a la creciente preocupación sobre el manejo adecuado de los residuos nucleares, un tema crítico que ha generado una considerable oposición y debate.

La última estrategia del PP busca que el cese de las operaciones nucleares se elimine de la agenda energética del gobierno, lo que podría desencadenar un conflicto significativo si se aprueba. La votación previa en febrero, que contó con 171 votos a favor gracias a la abstención de diputados de Junts y ERC, muestra que el apoyo a la energía nuclear en ciertas facciones del Congreso está creciendo, a pesar de la presión pública en contra de la energía nuclear.

Sin embargo, la propuesta del PP ignora las tensiones económicas que enfrentan las nucleares. El Plan de Gestión de Residuos Radiactivos anterior ha encarecido enormemente la factura de desmantelamiento, aumentando los costos en más de 2.000 millones de euros. Este sobrecoste ha llevado a un incremento del 30% en la tasa que Enresa, la empresa pública encargada del desmantelamiento, debe recaudar, lo que ha puesto a las centrales nucleares en una situación financiera precaria.

Por otro lado, las tasas autonómicas, que también han aumentado, complican aún más la viabilidad económica de plantas como Almaraz, cuya clausura está prevista para 2027. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha mantenido su postura firme de no ajustar la tasa autonómica, lo que podría salvar la central a corto plazo, según fuentes empresariales.

La propuesta del PP ha encendido un debate crucial sobre el futuro de la energía en España. Mientras tanto, la presión por alternativas energéticas más sostenibles y la opinión pública cada vez más escéptica respecto a la energía nuclear plantean interrogantes sobre si este plan podrá concretarse. ¿Se avecina una nueva era en la política energética española o será solo un intento fallido de revivir la era nuclear? ¡Mantente atento a las próximas decisiones del Congreso!