Las principales sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) en España, Merlin y Colonial, han lanzado una advertencia al Gobierno español este miércoles: si se implementa el nuevo plan fiscal acordado entre el PSOE y Sumar, contemplan la posibilidad de abandonar el país. Este acuerdo incluye la eliminación del régimen fiscal especial, que actualmente permite a estas empresas tributar solo un 1% en el Impuesto de Sociedades, y se ha argumentado que no ha contribuido a mejorar la oferta de vivienda en el mercado.

El lunes, antes de esta advertencia, ambos partidos políticos habían llegado a un acuerdo para ajustar la fiscalidad de ciertos sectores, lo cual desencadenó una caída en la bolsa, haciendo que Merlin y Colonial lideraran las pérdidas en el índice Ibex 35, cayendo un 7,3% y un 5% respectivamente. En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Merlin destacó que está explorando diferentes escenarios y planes de contingencia para proteger los intereses de sus accionistas, clientes y empleados, sin descartar tomar acciones legales.

A pesar de que no hay certeza sobre el apoyo político necesario para que este acuerdo se materialice, Merlin enfatiza que evaluará rápidamente el impacto de esta propuesta fiscal en su flujo de caja. A medio y largo plazo, planea redoblar esfuerzos para garantizar la protección de sus inversores en caso de que la reforma se apruebe.

Merlin recuerda que las socimis, que son similares a los REITs internacionales, desempeñan un papel crucial en el mercado inmobiliario español al proporcionar liquidez y ser relevante para la planificación de fondos de pensiones y otros inversores institucionales. En su defensa, la compañía subraya que el régimen de las socimis no solo es crítico para asegurar inversión, sino que su modificación podría perjudicar gravemente el atractivo de España como destino de inversión.

Por su parte, el presidente de Colonial, Juan José Brugera, ha calificado el acuerdo como 'muy grave', advirtiendo que podría transformar a España en un 'territorio prohibido' para la inversión internacional. Brugera ha insistido en que el marco legal debe ofrecer una protección sólida a las empresas que buscan atraer inversión extranjera, buscando un equilibrio con los objetivos sociales del país.

Colonial, que posee una significativa cartera de propiedades en ciudades como París, ha señalado que, de ser aprobada la reforma del régimen de las socimis, reevaluarán su estrategia de inversión y sus operaciones, tomando decisiones que mejor sirvan a los intereses de sus accionistas e inversores. Ambas socimis han dejado claro que están dispuestas a considerar todas las opciones, incluidos desplazamientos a otros mercados más favorables.

Este nuevo acuerdo también contempla gravámenes a otros sectores, como la banca y el turismo, lo cual genera un ambiente de incertidumbre en el ámbito de las inversiones. El marco regulatorio de las socimis, establecido en 2009 tras la crisis inmobiliaria, comenzó como una solución para dar liquidez al sector inmobiliario, pero este nuevo desarrollo podría dar pie a un cambio drástico en su funcionamiento. Con 116 socimis registradas en España hacia finales de 2023 y una capitalización de 24,000 millones de euros, el futuro no solo de estas empresas, sino también del mercado inmobiliario en general, podría estar en juego.