El reciente acuerdo entre PSOE, PNV y Junts para extender el impuesto a la banca por tres años más ha generado una intensa controversia. Según el análisis del think tank Fedea, el nuevo tributo, que se introducirá con modificaciones, no solo es cuestionable en su diseño, sino que también podría ser inconstitucional. Fedea describe este impuesto como una "multa" injusta para el sector bancario, un ataque ideológico que, aseguran, tiene poco que ver con una política fiscal responsable.

El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, argumenta que el nuevo impuesto es "arbitrario" y no se asemeja a un tributo propio de un Estado de derecho. En su informe, se plantea que este tipo de medidas no contribuyen a mejorar la seguridad jurídica, y, por el contrario, podrían desincentivar inversiones cruciales para el crecimiento económico del país, especialmente en un momento en que la economía española enfrenta desafíos significativos.

Fedea también expresa su preocupación por la falta de generalidad del impuesto y el riesgo de doble imposición, que podría violar principios fundamentales de equidad y prohibición de arbitrariedad. "Estamos ante un enfoque que se basa más en ideologías que en una verdadera necesidad fiscal", añaden. La aceptación de este nuevo impuesto, que extiende el gravamen temporal introducido en 2022, ha sido objeto de críticas, dado que el Gobierno había justificado su implementación como parte de un paquete para apoyar el "escudo social" tras el impacto de la pandemia de COVID-19.

En los últimos tres años, los sectores de la banca y la energía ya sufrieron impuestos extraordinarios, y aunque el impuesto a las energéticas fue eliminado de los acuerdos recientes, el nuevo impuesto a la banca permanece en pie. Fedea advierte que esta carga adicional podría limitar la disponibilidad de crédito y afectar la labor social de las antiguas cajas de ahorro, cruciales en el bienestar de diversas comunidades.

La nueva configuración del impuesto, que establece tipos impositivos progresivos que van desde el 1% al 6% según los ingresos, ha sido objeto de serias críticas. Fedea considera que estas modificaciones no tienen sentido, ya que desalientan el crecimiento empresarial, y sugieren que los cambios en el procedimiento de cálculo son poco coherentes con los principios fiscales adaptados a un entorno competitivo.

Por si fuera poco, las nuevas condiciones permitirían a las entidades financieras repercutir el impuesto en sus clientes, un hecho que podría repercutir directamente en los consumidores y en la calidad del servicio bancario. Además, el proceso poco convencional por el cual se introduce este nuevo impuesto a través de una enmienda a un proyecto de ley diferente ha suscitado desconfianza sobre la transparencia y legitimidad del proceso legislativo.

La situación está en evolución, y con la presión hacia un sector bancario ya afectado por las repercusiones de políticas fiscales pasadas, todos los ojos estarán puestos en el efecto que esta "multa" tendrá sobre la economía española en su conjunto. ¿Estamos ante el principio del fin de unas entidades financieras competitivas en España? La respuesta podría tener un efecto dominó en el futuro económico del país.