Un informe inquietante revela que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha debilitado gravemente el sistema de contrapesos institucionales en la Comunidad de Madrid desde que el Partido Popular (PP) logró una aplastante mayoría en las elecciones de mayo de 2023. Esta conclusión, expuesta por la Fundación Hay Derecho en un informe publicado este jueves, destaca la controvertida ley ómnibus aprobada por el PP en la Asamblea regional en diciembre de 2023, la cual ha incrementado la influencia del ejecutivo autonómico sobre organismos clave como la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia.

El documento también pone de relieve que España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con menos jueces por habitante (12 por cada 100.000) y un creciente porcentaje de la población que percibe la independencia judicial como deficiente. La autonomía de la Fiscalía está bajo creciente amenaza, un tema de especial preocupación dado el actual escándalo que rodea al fiscal general, Álvaro García Ortiz, acusado de revelar secretos.

Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, señala que el informe expone deficiencias alarmantes que comprometen el Estado de derecho en Madrid: "A nivel autonómico, se repiten vicios que vemos a nivel estatal". En este contexto, la directora general de la Fundación, Safira Cantos, advirtió sobre una tendencia preocupante para neutralizar la capacidad de contrapeso de los órganos reguladores.

Los detalles de lo que ha sucedido en Madrid son reveladores. Con la reforma del PP en 2023, la Cámara de Cuentas vio aumentar su número de miembros de tres a siete, mientras que el mecanismo de elección del presidente y consejeros se asemeja ahora al de la Mesa de la Asamblea. Esto significa que el partido mayoritario puede controlar la Cámara sin necesidad de negociar con la oposición, lo que permite que el PP mantenga el control sobre el organismo encargado de supervisar al propio Gobierno.

Además, la institución que resuelve las quejas sobre la transparencia ahora está presidida por un único miembro designado por el Gobierno, eliminando así su dependencia de la Asamblea.

La oposición, liderada por el PSOE, ha denunciado que la ley ómnibus limita las capacidades de control de la Asamblea, una queja que fue elevada al Tribunal Constitucional, señalando que la ley despoja a la Asamblea de atribuciones importantes.

El atasco en la Cámara de Cuentas ha sido significativo desde que se implementaron estos cambios legales, con cientos de expedientes pendientes que deberían haberse cerrado dentro de un plazo de tres meses.

En cuanto al control mediático, la misma ley ha permitido al PP elegir al nuevo director general de Telemadrid. En junio de 2024, Ayuso nombró a José Antonio Sánchez, un profesional con vínculos claros con el PP, lo que ha generado alarmas sobre la independencia de los medios públicos.

Desde 2022, el PP también ha impulsado hasta cuatro leyes ómnibus, que abarcan múltiples temas y modifican varias normativas en una sola votación, un método criticado por expertos y opositores como un intento de minar el debate público.

Así, el informe titulado “Informe del Estado de Derecho” pone de manifiesto los deterioros institucionales en Madrid, y deja claro que el camino hacia un gobierno sin los debidos contrapesos podría comprometer la democracia en la región.