Las organizaciones que luchan contra la pena de muerte en Estados Unidos recibieron recientemente un significativo gesto de clemencia por parte del presidente Joe Biden. En una de sus últimas acciones en la Casa Blanca, Biden anunció la conmutación de la pena capital a 37 de los 40 prisioneros condenados por delitos federales. Estos hombres, condenados por delitos graves cometidos entre 1993 y 2019, ahora cumplirán efectivos cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto significa que continuarán en prisión, pero sin el riesgo de ser ejecutados, lo cual era una preocupación ante el posible regreso de Donald Trump a la presidencia, quien prometió aplicar la pena de muerte de manera más severa, especialmente contra traficantes de drogas y delincuentes sexuales.

El clamor de los activistas, sin embargo, no cesa, ya que aún buscan que Biden extienda su clemencia a los tres prisioneros cuya pena no fue conmutada. Estos incluyen a Robert D. Bowers, culpable de un ataque mortal en una sinagoga de Pittsburgh en 2018; Dzhokhar Tsarnaev, involucrado en el atentado del Maratón de Boston en 2013; y Dylan Roof, el supremacista blanco responsable de la masacre en una iglesia afroamericana en Carolina del Sur en 2015. La reverenda Sharon Risher, una de las víctimas de Roof, expresó su angustia: "El castigo no solo afecta a los culpables, sino que también sumerge a las familias de las víctimas en un limbo doloroso".

Abe Bonowitz, co-director del grupo Death Penalty Action, instó al presidente a tomar acción sobre los cuatro presos condenados a muerte en el ámbito militar. Bonowitz destacó que la lucha contra la pena de muerte se basa en la creencia de que este castigo representa una política fallida desde cualquier perspectiva. Además de los prisioneros federales, hay actualmente más de 2,180 esperando su ejecución en 27 estados donde la pena capital es legal.

La rápida necesidad de intervención se hace crítica, especialmente con la posibilidad de que Trump retome su cargo. En su primer mandato, Trump ejecutó a 13 prisioneros en un periodo récord, una actividad que generó una intensa protesta entre los defensores de los derechos humanos. Un documento revelador, conocido como Project 2025, detalla que es una prioridad reanudar y ampliar las sentencias de muerte si Trump regresa a la presidencia.

Activistas han criticado también la decisión de Biden de convertir penas de muerte en cadena perpetua, argumentando que estas últimas se asemejan a una "sentencia a pudrirse en la cárcel". Esta percepción es alarmante ya que se estima que alrededor de 5,000 convictos atraviesan esta situación, lo que revela un sistema penitenciario que prioriza el castigo por sobre la rehabilitación.

Un caso emblemático de por qué son cruciales las clemencias se dio en junio, con el indulto de Larry Roberts, un prisionero que había sido condenado erróneamente. Su perdón marcó un hito, pues se convirtió en el condenado número 200 exonerado desde la reinstauración de la pena capital en 1976.

En el grupo de los 37 indultados por Biden, se incluyen casos de crímenes con trasfondo de tráfico de drogas, homicidios en prisión y delitos violentos cometidos en propiedades federales. Activistas también han mencionado a casos con alegaciones creíbles de inocencia, reforzando la demanda por una mayor justicia en el sistema legal.

Biden ha mostrado una evolución en su postura hacia la pena de muerte: un tema que durante muchos años defendió fervientemente y que, en su campaña de 2020, prometió eliminar. En 2024, el número de asesinatos legales alcanzó 25, un caso más que en 2023, y la cifra se ha mantenido por debajo de 30 durante una década, contrastando con épocas en que las ejecuciones superaban las 90 por año. Sin embargo, ciertos estados han comenzado a reanudar la práctica de ejecuciones, lo que provoca preocupación entre los defensores de los derechos humanos, quienes están atentos a que continúen los movimientos en contra de esta práctica.

Con la opinión pública en contra de la pena de muerte, donde un 53% de los estadounidenses aprueban su abolición, sigue siendo evidente que el camino hacia la justicia es largo. Bonowitz advierte que, a pesar del descenso en el apoyo por parte de las generaciones más jóvenes, queda mucho por luchar para abolir completamente el castigo capital.