Este martes, dos miembros de la organización Futuro Vegetal han sido los primeros activistas climáticos en declarar ante la jueza que los investiga por supuesta pertenencia a una organización criminal, a raíz de un informe realizado por la Policía Nacional. Durante su declaración, afirmaron: “No somos una organización criminal”, según el abogado de los activistas, Enrique Flores. Las vistas programadas para los siguientes días se han suspendido, mientras el caso continúa en fase de instrucción.

Futuro Vegetal es un colectivo que se destaca por sus protestas de desobediencia civil, llevando las demandas ecologistas a un nuevo nivel. Entre sus acciones más notorios están la interrupción de la M-30 en Madrid y el hecho de pegarse a obras de arte en el Museo del Prado. Su objetivo es claro: abogar por la eliminación de subsidios a la industria cárnica y terminar con la inversión en combustibles fósiles, elementos que ellos consideran cruciales para abordar la actual crisis climática.

La investigación llevada a cabo por la Policía Nacional, denominada operación Spora, ha puesto bajo la lupa a varios activistas, acusando a 25 de ellos de formar parte de una “organización criminal”. Este martes, en el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid, el abogado Flores explicó que “hoy han declarado un chico y una chica ante la jueza. Han negado las acusaciones y se han defendido”. La Fiscalía también estuvo presente durante la audiencia.

Los letrados que representan a otros acusados, Eduardo Gómez y Daniel Amelang, sugieren que la causa podría no avanzar, enfatizando su confianza en que la jueza archiva el caso al finalizar la investigación. Amelang subrayó: “No vemos margen para que la causa pueda seguir adelante”.

Por su parte, Victòria Domingo, una de las investigadas que no declaró este martes, enfatizó: “No somos criminales, somos activistas climáticos, y nuestra lucha es por la vida. No buscamos lucro alguno, sino generar un cambio”. Además, denunció la infiltración de tres agentes en su movimiento, afirmando que tienen la intención de desmantelar el colectivo: “Lo único que quieren es silenciarnos”.

Un grupo de 15 investigados que no se consideran parte de Futuro Vegetal han lanzado la campaña antirrepresiva “Absolución Caso Spora”, que exige la absolución de los cargos relacionados con la organización criminal, además de hacer un llamado a la sociedad para que no permita el retroceso en los derechos humanos.

Activistas de Amnistía Internacional se hicieron presentes en el juzgado para mostrar su apoyo a los activistas climáticos y criticar la aplicación de cargos relacionados con delincuencia organizada. El investigador de la ONG, Daniel Canales, manifestó que esta acción puede considerarse una limitación injustificada de sus derechos a la libre expresión y de reunión. “La aplicación de estos cargos es desproporcionada y puede desincentivar a otros a participar en actos de desobediencia civil pacífica”, agregó.

Este miércoles, varios miembros de Futuro Vegetal planean manifestarse ante el Congreso de los Diputados en un impulso hacia la presentación de una Proposición No de Ley que espera el apoyo de otros grupos políticos como Podemos, Bildu y Sumar. Domínguez invita a la ciudadanía a unir voces para exigir que se derogue la ley mordaza y que el movimiento ecologista deje de ser objeto de criminalización.

La represión del activismo climático ha aumentado en toda Europa en los últimos meses, con legislaciones más severas en países como Alemania, Italia y Francia, que buscan desalentar a los jóvenes de participar en protestas. Recientemente, dos activistas del grupo Just Stop Oil fueron encarceladas en el Reino Unido tras arrojar sopa sobre el famoso cuadro de Van Gogh, Los Girasoles, lo que pone en evidencia el creciente clima de criminalización en torno a las manifestaciones ecológicas.