En una declaración sorprendente, el exministro José Luis Ábalos ha presentado un contundente contrainforme ante el Tribunal Supremo, donde critica duramente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según Ábalos, dicha unidad está llevando a cabo una investigación injustificada y desmesurada, intentando mirar hacia atrás más de 30 años en su vida personal.

En el documento, titulado 'Observaciones al informe de la UCO', el exministro desmenuza cada uno de los activos que le han sido atribuidos, acusando a la UCO de presentar un informe "tendencioso" y erróneo. Un ejemplo de esto es su relación con la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), de la cual fue presidente. Ábalos sostiene que la UCO cometió un grave error al calificarla como una sociedad y que esto forma parte de un intento deliberado de dañar su reputación.

Ábalos también puntualiza que nunca recibió compensación monetaria de la fundación, sino que, al contrario, realizó aportes económicos y cedió un inmueble a la misma. Esto, enfatiza, demuestra su compromiso con causas sociales y culturales, que han sido tergiversadas por la investigación.

En su defensa, el exministro argumenta que la UCO ha tratado de sembrar dudas sobre su patrimonio, incluyendo una parcela en Chimbote, Perú. Asegura que el terreno se donó a la fundación y que cualquier afirmación de propiedad personal es incorrecta.

Ábalos no solo enfrenta las acusaciones en España; también ha denunciado errores en la UCO sobre la propiedad de un terreno en Tuluá, Colombia, donde se le atribuyó de manera equivocada una casa que nunca existió. Denuncia que este tipo de informes son elaborados sin sentido común, basándose en prejuicios preconcebidos.

Hasta el momento, el exministro sigue defendiendo su honor y su vida privada, alertando sobre la gravedad de las acusaciones y la falta de fundamentación en los informes de la UCO. Declara que no está dispuesto a dejar que tales injurias sigan afectando su legado.

Este escándalo ha puesto de relieve las tensiones entre la UCO y figuras políticas como Ábalos, y abre la puerta a preguntas sobre la imparcialidad en las investigaciones y los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad.