Los productores de porcino de España han recibido un alivio monumental. El Real Decreto 159/2023, que establece nuevas normativas de bienestar animal y que iba a entrar en vigor el pasado 9 de marzo, tendrá ahora una moratoria de un año gracias a la presión ejercida por los ganaderos.

Este cambio de decisión del Gobierno, encabezado por Luis Planas, se produce tras una serie de protestas y denuncias de los productores que afirmaban que sus preocupaciones no fueron tomadas en cuenta durante el proceso de negociación. Este decreto había sido considerado por muchos como una amenaza a la viabilidad de la industria, ya que requería cambios significativos en las condiciones de las granjas y en el manejo de los animales, incluyendo un aumento en el espacio requerido por cerdo.

Los cálculos de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) pronosticaban pérdidas catastróficas, con la posibilidad de perder 1,6 millones de cerdos y 160,000 toneladas de carne solo en las provincias de Huesca y Lérida. Sin la moratoria, los ganaderos se habrían enfrentado a sanciones severas desde el 9 de marzo.

El Ministerio de Agricultura ha comunicado la apertura de una consulta pública sobre el Real Decreto, lo que se interpreta como un paso necesario para aprobar la tan esperada moratoria el 18 de marzo, que sería retroactiva hasta el 9 de marzo de 2026.

Este anuncio ha sido aclamado en el sector como un verdadero "balón de oxígeno", permitiendo a las explotaciones porcinas evitar cambios inmediatos en sus operaciones. La normativa previa requería, entre otras cosas, destinar un 2.5% de la superficie de la granja a zonas de observación y aislamiento, así como implementar cambios drásticos en el manejo del ganado.

Además, se estimaba que el incremento del espacio requerido para manejar a los animales podría resultar en la pérdida de alrededor de 250 plazas en una granja con 2,000 animales. Las predicciones de los ganaderos apuntaban a un descenso en la producción de entre el 10% y el 15%, sumándose a la caída del 10% que el INE había señalado entre 2020 y 2023.

Las repercusiones económicas de esta normativa eran alarmantes, con estimaciones de un impacto de 150 millones de euros. Los ganaderos afirmaron que la situación afectaría no solo su rentabilidad, sino que podría desencadenar una crisis en toda la cadena de suministro. "España es un actor clave en el mercado del porcino a nivel internacional y tenemos compromisos que cumplir. La inestabilidad legal puede ahuyentar a los clientes y amenazar la productividad del sector", advirtió Ramón Solanilla, secretario general de Asaja Huesca.

En este contexto, la decisión del Gobierno de reconsiderar la normativa no solo es una buena noticia para los productores, sino que también garantiza la continuidad de un sector fundamental para la economía agrícola de España.