En un ambiente académico marcado por la controversia, la Universidad San Sebastián se ha visto envuelta en un escándalo que pone en jaque su reputación y la de varios políticos de línea derecha en Chile. La situación comenzó a desnudarse tras la revelación del caso Hermosilla, donde se ha alegado que varias figuras prominentes de la política chilena, como la exministra Marcela Cubillos y el exministro Andrés Chadwick, usaron la universidad como un medio para obtener ‘sueldos ocultos’ por trabajos que en muchos casos nunca realizaron.

Los rumores en los pasillos de la universidad indican que estos políticos estaban en nómina como docentes recibiendo salarios exorbitantes. Cubillos, por ejemplo, habría estado percibiendo un salario mensual de 17 millones de pesos chilenos, incluso durante su estancia en Madrid, donde acompañó a su pareja, Andrés Allamand. A pesar de su contrato, parece que su presencia en el aula era prácticamente inexistente, lo que ha suscitado enojos y quejas por parte de otros docentes.

La administración de la Universidad San Sebastián ha intentado manejar el asunto con diplomacia. Después del estallido del escándalo, buscaron terminar los contratos de manera pacífica y ordenada para evitar un daño mayor a su imagen. Sin embargo, las dudas sobre la todos los vínculos entre la universidad, las campañas políticas y los jueces han dejado a muchos cuestionando la legitimidad de la institución.

La preocupación se extiende más allá de la Universidad San Sebastián. Recientemente, un informe de Oxfam ha revelado que la desigualdad económica y el control de recursos por parte de una élite están socavando la política mundial, enfatizando la necesidad urgente de reformar las estructuras de poder que están cada vez más dominadas por los ricos y poderosos.

Por otro lado, el impacto del escándalo en el ámbito político podría provocar temores entre los votantes, especialmente en un momento donde las necesidades sociales como la educación y la salud son más urgentes que nunca. Un hecho notable es que el mismo caso ha comenzado a desvelar otros escándalos dentro del sistema educativo chileno, lo que deja a los académicos y ciudadanos sintiéndose traicionados por un sistema que debería estar comprometido con la formación y el bienestar social.

Por si no fuera suficiente, la reciente ola de inversiones en inteligencia artificial y la transformación digital también han comenzado a influir en la dinámica política y económica del país. Organizaciones como OpenAI han recaudado cantidades impresionantes, lo que plantea la pregunta de si estas grandes corporaciones podrán influir en políticas que beneficien más a sus intereses que a los de la población general. Con la economía chilena estancada y una crisis económica latente, el tiempo dirá cómo se desarrollará esta narrativa.

Lo que está claro es que la Universidad San Sebastián y sus conexiones políticas han abierto una caja de Pandora que podría desatar una serie de investigaciones y sanciones en el futuro cercano. La lucha por restaurar la confianza en el sistema educativo y político es más necesaria que nunca en Chile.